En medio de las investigaciones de la operación Lezo y la operación Púnica, y tras medidas polémicas como el levantamiento del secreto del sumario que ha sacado a la luz el informe de la UCO contra Cifuentes –aunque él mismo descartó la imputación horas después–, el juez Eloy Velasco está pendiente de una decisión del Consejo General del Poder Judicial: el organismo debe decidir sobre su traslado a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, tal y como él había solicitado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne este mismo miércoles y tiene en su agenda una propuesta de su servicio de personal que concede al juez Eloy Velasco y al magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López las plazas vacantes en la Sala de Apelaciones de este tribunal. La citada propuesta de resolución de los servicios de personal del CGPJ otorga las plazas en función de un informe que el propio Poder Judicial encargó a sus servicios técnicos.
Ese informe considera que los dos magistrados cumplen la condición de especialistas en materia penal que prevé la convocatoria del concurso como criterio fundamental para adjudicar las plazas. Así las cosas, la propuesta de resolución será validada con toda probabilidad por la Permanente.
Sin embargo, fuentes del CGPJ han explicado a Efe que es muy probable que esta decisión del órgano de gobierno de los jueces sea recurrida ante el Tribunal Supremo, cuya decisión al respecto se haría esperar meses.
De este modo, todo parece indicar, según interpretan las citadas fuentes, que Velasco permanecerá durante varios meses como mínimo en su juzgado, donde está investigando importantes sumarios que implican, por ejemplo, al expresidente madrileño popular Ignacio González.
El informe que el Consejo General del Poder Judicial ha encargado a sus técnicos se centra en los criterios para definir la condición de magistrado especialista en derecho penal que valora la convocatoria del concurso. Y considera que López y Velasco lo son.
Ahora bien, existen otros magistrados que, debido a la confusión existente a este respecto, consideran que la categoría de especialista definida por la normativa no es la de estos dos citados, sino la de ellos.
Junto a esto, una tercera interpretación no considera válida esta condición por parte de ningún magistrado en ejercicio actualmente. Según esta tercera opción, no puede ser ese criterio (el de especialista), sino la mera antigüedad, el decisivo para resolver el concurso.
De acuerdo a esta opinión, el exministro socialista Juan Alberto Belloch, que también ha pedido una de las citadas plazas, estaría mucho mejor situado que los demás porque es el más antiguo (el 21 en el escalafón), pero también lo estaría otro de los aspirantes, el conservador Carlos Valle (el 179).
A las dos plazas aspiran también el magistrado de la Audiencia y vocal del Poder Judicial Fernando Grande Marlaska y el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, además de los jueces de instrucción del mismo tribunal Fernando Andreu y Carmen Lamela.