51 investigados más para un total de 68. Son los nuevos imputados formales en la Operación Lezo que están citados en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional para declarar entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre. La lista confirma varios nombres mediáticos, salpicados antes en la primera fase de instrucción:
- Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del Partido Popular de Madrid cuyo nombre apareció en la agenda de dinero B de Francisco Granados, presunto cabecilla de la Operación Púnica.
- Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL que habría pagado mordidas a Ignacio González a cambio de contratos públicos amañados.
- María Lourdes Cavero, mujer de González, y miembros de su familia.
- El exdelegado del Gobierno de Aznar en Ceuta, Luis Vicente Moro.
El juez Eloy Velasco levanta el secreto de sumario en un auto donde explica que la presente causa nació en julio de 2016 como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Ordenó entonces las intervenciones telefónicas, además de registros en despachos, viviendas y sedes. De las actuaciones practicadas hasta la fecha se extraen indicios de delitos que se amontonan en una causa "inmanejable" que abarca ya 13.000 folios.
El magistrado justifica la formación de una macrocausa porque, aunque "se observa la concurrencia de diversas acciones delictivas que afectan a muchas personas", todas "tienen el hilo conductor de estar relacionadas con Ignacio González" en diferentes Administraciones Públicas. En aras de la eficiencia procesal, el instructor divide el procedimiento en seis piezas separadas:
Causa principal y pieza 1: Canal de Isabel II
Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II. En concreto, a las adquisiciones por sobreprecio de las empresas Inassa –dirigida por Rodríguez Sobrino, en prisión– y Emissao con dinero público desviado. Habrían comprado la firma brasileña por 21,4 millones de euros. En menos de un año, valía una cuarta parte. Los imputados en esta vertiente son:
Ignacio González; el propio Edmundo Rodríguez Sobrino –que como directivo del diario La Razón pidió a los actuales presidente y director del periódico que coaccionaran a Cristina Cifuentes para que no tirase de la manta– y su secretaria Clarisa Guerra Soto; directivos del Canal como María Fernanda Richmond –en prisión eludible con una fianza de cuatro millones de euros–, Adrián Martín –que se libró de la cárcel por el pago de una fianza de 100.000 euros–, Fernando José de Cevallos o Avelino Alfredo Martínez Herrero; Diego Fernando García Arias; Sebastiao Cristovam; supuestos testaferros; Oriol Serra Ibars, trabajador de la empresa Igmasa al que Rodríguez Sobrino habría elegido para asesoramiento fiscal de las operaciones en Sudamérica; Luis Vicente Moro; Ángel Varona Grande; José Javier Soler Gallego, asesor de González; Francisco Javier Domínguez Anaya; Carlos Isidro Bello Vicente; Carlos Turró Homedes; S.V. B. y Patricia Ana Rodríguez Revuelta, hija de Edmundo Rodríguez.
Pieza 2: el campo de golf
Hechos referentes a irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión del Canal Golf. Eloy Velasco señala al hermano y al cuñado de González que habrían montado un entramado de empresas con el único objetivo de construir y explotar el campo de golf en Chamberí, en Madrid centro, tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Atribuye al expresidente madrileño el amaño de la adjudicación del contrato.
Están imputados Ignacio González; su hermano Pablo –en prisión– y su cuñado José Juan Caballero Escudier –que salió de la cárcel tras depositar 100.000 euros de fianza–; José Antonio Clemente Martín, socio de ambos; María del Pilar Olivo Valverde; Dimitris Tsalidis; Fernando Sánchez Sánchez y Fernando Manuel Serrano Fuentes.
Pieza 3: el tren de Navalcarnero
Hechos referentes a irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero. Se investiga una supuesta comisión de 1,4 millones de euros depositada en 2007 en una cuenta en Suiza, al parecer gestionada por testaferros. El pagador sería Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir. El presunto receptor, Ignacio González. Respondería a una contraprestación por el amaño del contrato público para la construcción del ferrocarril otorgado por la Comunidad de Madrid a OHL. Casi una década más tarde, el proyecto –estimado en 362 millones– está enterrado por imposibilidad de pagos del Gobierno regional.
Están imputados Ignacio González; Javier López Madrid –que se libró de la prisión con el pago de una fianza de 100.000 euros–; el presidente de OHL y exministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, Juan Miguel Villar Mir; el empresario Adrián de la Joya, titular de la cuenta en Suiza donde se pagó la supuesto comisión en libertad por su colaboración con la Justicia; Jesús Trabada Guijarro; Rafael Martín Nicolás; e Ildefonso de Miguel Rodríguez, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009.
Pieza 4: financiación del Partido Popular
Hechos referentes a la financiación ilegal del Partido Popular. González habría desviado un millón de euros públicos para financiar la campaña de la formación en las elecciones autonómicas de 2011. Según los investigadores, se habría servido de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid –implicada en la Púnica– y su consejero delegado José Martínez Nicolás. Al parecer, este último infló contratos suscritos con la auditora PriceWaterhouseCooper y la consultora Indra, ambas registradas, para "sanear las cuentas" del PP.
Están imputados Ignacio González; José Martínez Nicolás –que depositó 100.000 euros de fianza para abandonar la prisión–; Oscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz, presidentes de empresas salpicadas en episodios del caso Gürtel y la Operación Púnica; José Miguel Alonso Gómez; José Ángel Martínez Ferreiro; Ana María Paloma Ferreiro; María de los Ángeles Monje Gutiérrez; Jesús Arranz Monje; y el exgerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez Moliner.
Pieza 5: blanqueo de capitales
Hechos referentes al blanqueo de capitales. Salpicaría al hermano de González, pero también a su mujer Lourdes Cavero y a su padre Pablo González Liberal, de 90 años, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud –necesita una botella de oxígeno por problemas respiratorios–. Los investigadores creen que utilizó a este último: su padre le ingresaba dinero en sus cuentas y él se lo devolvía en metálico para lavar los fondos con presunto origen en la corrupción.
Por otra parte, la Guardia Civil certifica que Rodríguez Sobrino ocultó en el banco suizo Crédit Agricole una cartera de fondos valorada en más de 400.000 euros. También que regularizó en 2012 ese ingente patrimonio acogiéndose a la amnistía fiscal. Las actuaciones empapan a su hija, que se habría encargado de gestionar los fondos ocultos, titularizando además parte de los bienes inmuebles en el extranjero que serían propiedad de su padre.
Están investigados Ignacio González; su hermano Pablo; su mujer Lourdes Cavero, su padre Pablo González Libertal; Edmundo Rodríguez Sobrino; otra vez José Martínez Nicolás; María de los Ángeles Monje; Jesús Arranz Monje; Ildefonso de Miguel; Miguel Saiz de la Hoya, José Manuel Serra Peris, exconsejero de Bankia; Jaime Antozañas de Toledo; Carmen Pilar Pazos Bejarano, educadora infantil que comparte la red de guarderías Mis Pollitos con la esposa de Ignacio González; Alberto Pérez de la Sal, CEO de la inmobiliaria Seinsa y directivo de Mis Pollitos –vendió a Ignacio González su mansión de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) a un precio inferior al de mercado y con una rebaja de 200.000 euros y fue consejero de Cofely, una de las empresas más activas de la Operación Púnica–, Pino Escudero del Castillo; Rocío y Leticia Bonet Cavero, sobrinas de Lourdes Cavero y consejeras de Mis Pollitos; Guido Vicenzini; Manuel Martínez Téllez; Joaquín Molpeceres Sánchez, supuesto testaferro de González cuyo nombre ha aparecido en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al Partido Popular y dos de sus empresas, Licuas y Coarsa, pagaron 225.000 euros a Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel; Ivo Kratsmer y Patricia Ana Rodríguez Revuelta, hija de Edmundo Rodríguez.
Pieza 6: Mercasa
Hechos referentes a irregularidades en la contratación vinculados a Mercasa, la empresa pública encargada de la gestión de los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla. Las indagaciones apuntan a que, una serie de personas entre las que podría figurar Pablo González, firmaron un contrato para montar un mercado mayorista del mismo tipo en Luanda, capital de Angola. Según fuentes jurídicas, dicho contrato con las autoridades angoleña por más de 500 millones de dólares generó sobreprecios para pagar comisiones.
Mercasa, después consorcio Mercasa Incatema, está participada al 51% por la SEPI –la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales–. Ha mantenido relaciones profesionales con Guillherme Taveira, un prófugo de la Justicia española que habría actuado como intermediario en los negocios con Angola, también en la exportación de armamento. Allí se firmó en 2006 un contrato para la construcción del mercado con un presupuesto de 218,9 millones de dólares.
Están imputados el hermano de Ignacio, Pablo González; María Jesús Prieto Jiménez, abogada del Estado y secretaria general de Mercasa; Eduardo Ameijide Montenegro, otro exdirigente de Mercasa ex del Partido Popular; Manuel Estrada-Nora; exdirector general de Mercasa; Ávlaro Curiel Fernández, alto cargo de Mercamadrid; Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois; Ángel Ventura Cano Saorin; el prófugo Guillerme Taveira Pinto; Manuel Martínez Téllez, Luis Hermosilla Ibáñez; Pedro Antonio Martín y Alberto López Viejo, viceconsejero de Presidencia e Interior y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid que se enfrenta a 46 años de cárcel porque habría intermediado en los amaños de contratos a favor de las empresas de Francisco Correa en el caso Gürtel.