El caso Della Robbia: una tela de araña tejida desde 1991 (III)

"Lo primero, que no hay actividad. No hay alumnos que se estén formando, y los trabajadores acuden a su puesto de trabajo y no tienen nada que hacer, lo cual, eso constituye de por sí ya una infracción a la nor­mativa laboral. Y todo eso está ocurriendo bajo su responsabilidad como consejero de Empleo, y bajo la responsabilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz". Así se expresaba en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento andaluz la diputada del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero.

El Consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, dijo no conocer los hechos, a pesar de que una parte de los trabajadores del Consorcio de Formación Della Robbia de Gelves habían dirigido sendos escritos a él mismos, al Servicio Andaluz de Empleo y a su director, Juan Manuel Anguas Hernández.

Precisamente Anguas Hernández fue expresamente mencionado en dicha Comisión porque, siendo un cargo de libre designación, había consolidado un puesto de trabajo. Ruiz Sillero lo expresó de este modo: "Y ahora da la casualidad de que en la integración en el SAE un puesto de libre designación adquiere los mismos derechos que cualquier otro personal del Ser­vicio Andaluz de Empleo". Esta era una de las muchas irregularidades y una situación desesperada.

Sus trabajadores denunciaron modificaciones sustanciales del puesto de trabajo, realizado de forma unilateral y sin aviso por la empresa; cambio sistemático de la Relación de Puestos de Trabajo en beneficio de algunos trabajadores y en detrimento de otros, falta de carga de trabajo, la imposibilidad de realizarlo; impago de las nóminas reite­rado durante tres años, la remisión de nóminas sin ser abonadas; traslados; desinformación continuada; perjuicio profesional, personal; posibles problemas de acoso laboral; mermas salariales de algunos traba­jadores, y de otros no.

La llegada de Díaz y el escándalo de la formación

En septiembre de 2013, como consecuencia de la renuncia de José Antonio Griñán a la presidenta de la Junta, se constituía en sucesora en el palacio de San Telmo Susana Díaz. Aunque el fraude de la formación ya había aparecido en los medios de comunicación, por ejemplo, en Libertad Digital, fue en 2014, como consecuencia de la operación EDU de la Policía Nacional, cuando estalló el caso a nivel nacional. Susana Díaz decretó el fin de las políticas activas de empleo y no volvieron a subvencionarse cursos de formación durante años.

El Consorcio de Gelves siguió dando cursos hasta junio de 2014 si bien ya en 2013 había sufrido el primer impago de los salarios, impago que se repitió en 2014 y 2015.

Incluso la Junta se había percatado de que el escándalo de los Consorcios, una parte del gran macrocaso de la formación, podía ser uno de los más graves. Por ello, decidió su desaparición oficial y su integración en otras consejerías. Por ejemplo, Educación. La Escuela de Artesanía Della Robbia pasó por el ISE, la agencia dedicada a equipamientos y servicios de colegios y centros educativos. Luego, por la APAEF, la Agencia Pública Andaluza para la educación y la formación y finalmente, por el Servicio Andaluz de Empleo.

Como se denunció ante el Servicio Andaluz de Empleo, con cada cambio se modificaban las circunstancias de los trabajadores de modo que lo que es conocido como "grupo de notables" afines a la dirección del Consorcio se beneficiaran.

En 2014, y como paso previo a la ya anunciada subrogación al SAE, se facilitó desde la dirección y administración del consorcio un cambio que benefició a los "notables" perjudicando a otros. En la Comisión del Parlamento andaluz ya mencionada, se dieron tres nombres: el del director, ya citado y dos más que se escaparon de la quema y se "colocaron" en el Servicio Andaluz de Empleo.

Otra de estos "notables" fue la coordinadora general de Administración, Belén Alonso, sobrina del antiguo director Rafael Herrera, que también había sido concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Pilas. El último fue José Luis Medina Vallejo, uno de los primeros contratados y militante de UGT desde donde ejerció representación sindical hasta 2011 y que llegó al Consorcio bajo el pa­raguas de Antonio Rivas, imputado en el caso ERE y ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla.

Lo más curioso que se denunció en el Parlamento es que "estas tres personas no acuden al centro de trabajo. Y acuden, y van o no van, no lo puedo afirmar, a la delegación de Empleo de Sevilla, insisto, en la calle Grecia", dijo la diputada popular conminando al consejero a explicar por qué estas tres personas, con estos claros vínculos del Partido Socialista tienen un trato diferenciado y no tienen por qué acudir a la escuela de Gelves y van a otro lugar. Pero, además, según me informan, estas tres personas son las únicas que no han sufrido una merma salarial, a los demás trabajadores se les han reduci­do sus nóminas. Estamos hablando en algunos casos incluso de 500 euros mensuales. Pero a estas tres per­sonas no".

Y añadió: "Y tenemos más circunstancias de personas que trabajan en el consorcio de Gelves. El téc­nico de logística parece ser que está emparentado con el que fue exconsejero de Empleo, Francisco Oliva. La secretaria, también es cuñada de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo; hay un conserje que está actualmente… ocupa el puesto, con este cambio de la RPT, de docente. Y así entra un largo etcétera. Quien era auxiliar administrativo, ahora aparece como técnico de Administración. Pues, claro, aquí hay unas irregu­laridades en la RPT".

Tras la desastrosa gestión de la Junta, el consorcio de Gelves está hoy inmerso en numerosos procesos judiciales por haber modificado unilateralmente puestos de trabajo, haber impuesto mermas salariales, reclamaciones de cantidad…

El Consorcio de Formación y Escuela de Artesanía Della Robbia tiene dos centros, uno dedicado a la cerámica y otro a la madera. Ambos están perfectamente dotados, pero no prestan actualmente servicio público alguno en la comunidad con más paro de España. Es decir, tras haber servido como agencia de colocación de afines al PSOE, ha dejado de prestar el servicio de formación y orientación profesional que necesitan muchos andaluces a pesar de que podría hacerlo.

Por ello, el escándalo de la formación fraudulenta en Andalucía no es comprensible sin reparar en el uso partidista que la misma ha supuesto y cómo unos recursos destinados a los parados en una región campeona en sus dramas desde hace décadas, fueron destinados a menesteres mucho menos honrosos.