El rocambolesco proceso de denuncia relativo al Open de Tenis de Madrid sigue coleando. Este jueves el diario El País confirma lo que ya sospechaban en el PP, que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron a título individual, después de encargar un informe externo pagado con dinero público; en concreto 100.000 euros.
No avisaron al consejo de administración de Madrid Destino y tampoco a la alcaldesa. La denuncia fue presentada a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de marzo, pero no fue hasta el 4 de abril cuando –en una comisión ejecutiva de Madrid Destino– Sánchez Mato reveló a Luis Cueto, coordinador de la alcaldía, la vocal Ana Fernández y al secretario Joaquín Fernández que, "con base en informes jurídicos solicitados por Madrid Destino, se ha procedido a poner en conocimiento de la Fiscalía el contenido del convenio suscrito con MTP [Madrid Trophy Promotion], según señala el periódico de Prisa.
Cueto no conocía que se había pagado por esos informes y que "había pagado Madrid Destino". "Esas actuaciones no han sido adoptadas por ningún órgano de gobierno colegiado de la sociedad sino por personas físicas, miembros de los mismos". El concejal de IU no desmintió nada y firmó el documento. Este encuentro se celebró tres días antes de que Sánchez Mato fuera destituido por Manuela Carmena de la vicepresidencia de Madrid Destino. Su cese se enmarcó en la "reorganización" del área de Cultura, que previamente ya había acabado con Mayer al frente de esta responsabilidad. Con ellos caía también Ana Valera, exconsejera delegada de la empresa, que también suscribió la denuncia.
"Por supuesto que con dinero público"
Este jueves, en la rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno, el periodista de El País preguntó sobre esta cuestión. "¿Qué le parece que dos ediles presenten a título personal una denuncia después de pagar informes con dinero público? ¿En los próximos meses tenemos que esperar más denuncias por parte de los concejales de Ahora Madrid?". Rita Maestre aseguró que esa "información no es correcta". Según la portavoz municipal, "poner en conocimiento de la autoridad judicial no se hace en nombre del Ayuntamiento, pasó por la comisión delegada –que es el órgano directivo restringido de Madrid Destino– y por supuesto los ediles en el uso de sus funciones como dirigentes, por ejemplo, de empresas públicas, por supuesto encargan informes, asesorías y todo tipo de informes para confirmar o no si una cosa se hace bien o para asesorarse en determinadas cuestiones".
Ésta es "una de las funciones que tenemos como concejales", afirmó Maestre, dirigiendo su mirada al concejal de Participación y Transparencia Pablo Soto. "Creo que tanto Pablo como yo hemos encargado unos cuantos informes en nuestras áreas". Y "en el caso de las personas que usted habla eran concejales con responsabilidades y cargos directivos en la empresa Madrid Destino", así que "por supuesto con dinero público y por supuesto buscando el bienestar de todos".
El periodista repreguntó a Maestre: "¿Pero sabe usted que la denuncia se presentó a título personal? Una cosa es presentar una denuncia como empresa Madrid Destino y otra cosa es presentar una denuncia a título personal. Son dos cosas diferentes..." Fue entonces cuando la portavoz municipal decidió contestar formulando ella una pregunta al redactor: "Y yo le pregunto, ¿ en el caso de la denuncia de la puesta en conocimiento de los contratos irregulares en Mercamadrid, por ejemplo?".
El redactor contestó: "Creo que la señora Marta Higueras informó antes al consejo de administración" de la empresa. Rita Maestre añadió: "Y yo le repito que las personas de las que habla lo decidieron en la comisión delegada de Madrid Destino".
Querella por prevaricación y malversación
Los dos informes externos "costaron a los madrileños 100.000 euros. Dos informes que vienen después de que la asesoría jurídica y un informe externo dijeran que no había irregularidades de ningún tipo", afirmó el lunes el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida. "Como estos dos informes los querían adjudicar a dedo, lo que hacen es burlar la normativa en materia de contratos de la administración pública, que dice que en el caso de Madrid Destino por encima de 50.000 euros hay que convocar un concurso público".
Así los populares, ya han anunciado que presentarán una querella contra Sánchez Mato, Mayer y Valera por prevaricación y malversación de caudales públicos. También llevarán a cabo toda una batería de medidas políticas a través de las distintas comisiones y el Pleno, como la petición de comparecencia de la alcaldesa. El PSOE también exigirá respuestas en el Pleno y Ciudadanos ha solicitado que la asesoría municipal investigue los hechos. Carmena, a pesar de reconocer que no estaba informada de las acciones emprendidas por sus concejales, se mantiene a la espera y descarta, de momento, tomar medidas contra ellos.