Según recoge el artículo 122 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el encargado de controlar su propia actuación. Este CGPJ –siglas con las que se conoce– dirige ahora su mirada al juez instructor de las operaciones Lezo y Púnica, entre otras, desde el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional.
En concreto, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ ha abierto las llamadas diligencias informativas –fase inicial de una investigación– a raíz de una denuncia interpuesta por Contrapoder. Este partido minoritario trasladó sospechas de que Eloy Velasco habría solicitado un trabajo para Beatriz Saura, su mujer, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González –supuesto cabecilla de la operación Lezo en prisión incondicional–.
El magistrado encargado de la inspección interna, Antonio Jesús Fonsceca Herrero ha solicitado un informe al propio Velasco sobre los hechos. Cabe señalar que, como precisaron fuentes jurídicas a este periódico, el propio instructor de la Audiencia Nacional preguntó a González si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada a la existencia en el sumario de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a su esposa a petición de éste.
González y su letrado rechazaron la posibilidad, aunque es conocido que Beatriz Saura trabajó en servicios jurídicos de la Consejería de Asuntos Sociales con González como presidente. La investigación determinará si la contratación se produjo efectivamente por los ruegos de Velasco o no existe ninguna relación o contraprestación, como han sostenido los implicados.
Todos menos el tercero en discordia. Contrapoder habla en su denuncia de un supuesto delito de cohecho impropio con falta disciplinaria de carácter muy grave. En concreto, se trataría de "abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales", según los denunciantes.