Cañamero, investigado por coacciones, planta al Tribunal Supremo

El autoproclamado "insumiso judicial" ha cumplido su promesa: "No voy a ir a ningún juicio, ni a ninguna declaración. Desde 2010, no participo en ningún circo, ni en ningún teatro". Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos en el Congreso, ha plantado al Tribunal Supremo que le investiga por presuntos delitos de coacciones sobre el derecho de huelga y daños. Aforado aunque renuncie, estaba citado para comparecer de forma "voluntaria, si a su derecho conviene", en base al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Un juzgado de Sevilla elevó la exposición razonada de los indicios delictivos al Tribunal Supremo, competente para investigar y juzgar a diputados a nivel nacional. Le atribuyó delitos sobre los derechos de los trabajadores en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños por hechos ocurridos en noviembre de 2008 en una finca de La Rinconada, en Sevilla.

Ese espacio, conocido como "La Jarilla", está dedicado a la explotación de árboles frutales. Según el relato de la Fiscalía, un grupo en el que se integró Cañamero, entonces portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, insultó a los trabajadores y a los empresarios, llamándolos entre otros epítetos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta". Habrían causado destrozos por valor de 1.800 euros: candados y cerraduras inutilizados, ruedas pinchadas, etc. para impedir el normal desarrollo de la producción y de la jornada laboral.

"Toda una vida así"

Desde que ingresó como diputado electo, Cañamero aclaró cuál sería su forma de proceder ante cualquier litigio en su contra: "Llevo toda una vida así, no sé cuántas veces me habrán juzgado ya, 70, 80 veces, y me han detenido muchas veces. Pero ni he insultado a nadie, ni me he peleado con nadie. He defendido mi palabra y la lucha pacífica. Creo en Gandhi y en Jesucristo y si me meten en la cárcel, estoy dispuesto a pagar ese precio". También precisó que, en caso de que fuese procesado, no dejaría el escaño: "Dejaría de ser diputado si robara, si me llevara los dineros a Suiza o a Panamá o si hiciera desfalco del dinero público, pero yo lo que hago es luchar por el bien común".

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, por el momento el Tribunal Supremo no adoptará medida alguna al respecto. Lo normal sería que los magistrados soliciten al Congreso el llamado suplicatorio, una suerte de permiso necesario para proceder contra los aforados.