Un Consejo Fiscal dividido rechaza el cese de Moix
Mientras, los fiscales del 3% que quiso apartar Moix se mantienen: el debate sobre su cese ha quedado pospuesto.
"Ha salvado una pelota de partido" según aprecian fuentes consultadas a la salida del Consejo Fiscal. Manuel Moix conserva el respaldo mayoritario de la cúpula del Ministerio Público. Aunque no unánime. Tal y como ha comunicado en una nota, la Unión Progresista de Fiscales ha reclamado el cese del fiscal jefe de Anticorrupción. Lo ha hecho mediante sus tres miembros en el órgano que representa a los 2.500 acusadores públicos en España. En una muestra más de la división ideológica de los juristas, los otros nueve componentes del consejo se han opuesto a la iniciativa.
Moix se mantiene con el aval de José Manuel Maza. El fiscal general del Estado ha presidido este Consejo Fiscal integrado además por Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo; Fausto Cartagena, jefe de la inspección; y otros nueve fiscales promovidos por las asociaciones. Elegidos por la UPF, representativa de la parte del espectro político más a la izquierda, los fiscales Eduardo Esteban, Sofía Puente y Fernando Rodríguez han planteado "la conveniencia de remover al actual fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción", es decir, a Manuel Moix, porque su credibilidad y por ende la de la Fiscalía Anticorrupción "se ha visto seriamente comprometida":
"Debemos recordar que los tres vocales ya expresamos nuestro parecer sobre la falta de idoneidad de Moix para ejercer dicha jefatura en el Consejo celebrado el pasado 22-2-2017 dando nuestro apoyo a otros Fiscales que también optaban a esa plaza. No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones telefónicas que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad. Al mismo tiempo, la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como Fiscal Jefe, su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso Lezo y el trato dado a uno de los Fiscales encargados del asunto tras la invocación del art 27 del EOMF reflejan una concepción de la Jefatura que rechazamos".
Los cargos designados por el Gobierno –entre ellos Maza, que escogió a Moix– junto con los representantes de asociaciones conservadoras han laminado la propuesta. Y en un intento de exhibir unidad, el Consejo Fiscal ha firmado otro comunicado tras la reunión: "La lucha contra la corrupción es una necesidad y una exigencia de la sociedad española que involucra sin duda a todos los profesionales que integramos con orgullo el Ministerio Fiscal. Los componentes de Anticorrupción desarrollan un trabajo difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidascon cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de sus, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función".
El trabajo de Moix, en cuarentena
Maza está con él, pero sabe que el fiscal jefe no cuenta con el apoyo unánime del equipo que dirige en Anticorrupción. De momento, el fiscal general del Estado ha aplazado el relevo de los dos miembros de la carrera encargados hasta ahora de la investigación del caso del 3% sobre presuntas comisiones ilegales de Convergencia en Cataluña. Moix tomó esta decisión alegando a una supuesta redistribución de las cargas de trabajo, aunque internamente se habla de enfado con las filtraciones y de discrepancias a la hora de atribuir al exconsejero catalán Germà Gordó el papel de "conseguidor o recaudador" de comisiones ilegales a cambio de obras públicas.
Según ha trasladado al Consejo Fiscal, Maza necesita más datos –por ejemplo, de los propuestos Fernando Maldonado y Teresa Duerto con despacho en Barcelona– para refrendar el cambio. La cúpula sí se ha posicionado al lado de Moix en relación a la petición de amparo solicitada precisamente por los dos fiscales del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, más un tercero, Juan José Rosa. Un investigado en el caso Emperador les acusó de coacciones sosteniendo que le habían presionado para declarar en contra de los Pujol. El fiscal jefe de Anticorrupción tramitó la denuncia sin siquiera consultar con los afectados, decisión que justifica la cúpula porque prefiere no interferir en este proceso abierto de investigación disciplinaria interna.
Limitar las filtraciones
La reunión se ha prolongado durante casi cinco horas. Manuel Moix había concedido ya una entrevista en Onda Cero, donde ha manifestado que la petición de amparo "no es la solución" para los fiscales que han recibido denuncias por su actuación "porque puede predeterminar al señor que tiene que decidir sobre esa denuncia". Además, se ha mostrado partidario de iniciar un estudio de posibles medidas para evitar o al menos reducir la filtración de sumarios que están declarados secretos en los medios de comunicación. El jefe de Anticorrupción ha puesto ejemplos: "No digo que sea partidario de sancionar al medio, digo lo que se hace en Alemania".
Moix ha perdido la confianza de sus subordinados también sobre su independencia del poder político. Según ha reconocido, intentó evitar que, durante los registros en el Canal de Isabel II por el estallido de la Operación Lezo, las fuerzas de seguridad se incautaran de la documentación relativa a la época de Alberto Ruiz-Gallardón. Como explicó En casa de Herrero, lo habría hecho para no formar una macrocausa.
Aunque las turbulencias se remontan al momento en que Rafael Catalá, el ministro de Justicia, comunicó a Consuelo Madrigal que el Gobierno no la renovaría como Fiscal General del Estado. Al parecer, ella no quería nombrar a Manuel Moix, el supuesto elegido del Ejecutivo, como fiscal jefe de Anticorrupción. Catalá designó como nuevo FGE a Maza, que acordó a su vez el nombramiento de Moix. Y con la Operación Lezo reciente, se filtró una conversación donde el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión como supuesto cabecilla, celebraba la decisión con el exministro investigado Eduardo Zaplana: "Sería una noticia cojonuda porque Moix es un hombre bueno". En otro chat de whatsapp, el propio González felicita a Rafael Catalá por su nombramiento como ministro de Justicia. El miembro del Gobierno le contesta: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se acaben pronto los líos".
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