La consejería de Gobernación de la Generalidad ha llegado a una "solución jurídica" para comprar las urnas del referéndum que supere la vigilancia de la Fiscalía. La administración autonómica alega que tiene competencias para la celebración de procesos electorales y consultas no necesariamente secesionistas y con ese pretexto publicará en los próximos días el concurso para la adquisición de ocho mil urnas. El plazo para que las empresas presenten sus ofertas será de quince días.
Se ha impuesto la tesis del vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, que se negaba a firmar la orden de compra ante el riesgo de futuras inhabilitaciones. La convocatoria del concurso es competencia del departamento de Gobernación, que encabeza la convergente Meritxell Borrás, y no se requiere un acuerdo de gobierno ni una orden por escrito de Junqeras, responsable de la logística del referéndum.
Encubrimiento
A pesar de que se intentará encubrir la compra con el argumento de que las urnas también pueden servir para la celebración de elecciones autonómicas y que otras comunidades, como Andalucía, tienen urnas propias y no dependen, como Cataluña, de las del Estado, el ejecutivo catalán presume de que la inminente publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) del concurso es la primera medida concreta del manifiesto que suscribió el gobierno regional en pleno el pasado 21 de abril por el que se comprometía a "organizar, convocar, realizar y aplicar el resultado de un referéndum de autodeterminación".
La Generalidad imputará el gasto en partidas ajenas a las recurridas por el Tribunal Constitucional con el fin de dificultar la interposición de recurso. En la elaboración de los presupuestos, Junqueras habilitó un capítulo de contingencias no especificadas que se empleará para cubrir la compra.