La luz al final del túnel parece estar cada vez más cerca. Catorce años después de que 62 militares españoles perdiesen la vida en un monte cercano a la localidad turca de Trebisonda, al estrellarse el avión de transporte Yak-42 que los trasladaba desde Afganistán hasta España, parece que las heridas pueden comenzar a cicatrizar. Y es así después de que el Ministerio de Defensa haya resuelto el expediente administrativo sobre la tragedia reconociendo la responsabilidad del Estado.
Todo dependerá ahora del análisis que del contenido de ese expediente hagan las familias de las víctimas, que tras unos primeros años sufriendo el maltrato del exministro Federico Trillo y su camarilla, tras otros años aguantando el silencio y la indiferencia de la administración, han visto en el informe al Consejo de Estado solicitado por el exministro Pedro Morenés y en el trato humano de la actual ministra, María Dolores de Cospedal, una oportunidad de poner punto y final a su calvario.
El expediente finalizado por Defensa y firmado por la máxima responsable del departamento reconoce que tuvo una parte de responsabilidad: "Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad". "La aplicación de esta doctrina al trágico suceso que constituye el objeto del presente expediente administrativo ha de llevar a la conclusión de que debe declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración", continúa.
También dice que había datos objetivos anteriores que de haber sido valorados convenientemente por las autoridades o responsables militares podrían haber ayudado a evitar el trágico siniestro: "Han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente".
La asunción de responsabilidad no significará el pago de nuevas indemnizaciones, tal y como habían reclamado las familias en 2004, solicitud que dio origen al expediente administrativo que ahora se está cerrando. El informe dice que incide en "el importante despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso" y que por ello "no puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración".
El texto del expediente administrativo también hace un guiño a los familiares y reconoce que el trato dado no ha sido el correcto: "Estas lesiones antijurídicas han de ser debidamente reconocidas por este Ministerio, evidentemente conforme a las normas vigentes en materia de reparación de esos daños causados, pero también, como no podía ser de otra forma, como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional".
Para continuar subrayando el "merecido respaldo al patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo".
Sobre los contratos y la documentación relativa a la tragedia, el Ministerio dice que "se ha podido constatar de forma fehaciente que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado", y también que no hay rastro de alguna documentación: "A pesar de las nuevas indagaciones realizadas, no se ha logrado obtener más documentación sobre las subcontrataciones de los diferentes vuelos de transportes que pudieron efectuarse al amparo del contrato celebrado entre NAMSA y Chapman".
La resolución incide en que el Acuerdo de Ventas suscrito con NAMSA, como responsable de contratar el vuelo, no supone "un total y completo traslado de las responsabilidades sobre la ejecución del contrato a NAMSA con simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar concernida".