El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero –quien fue consejera en Caja Madrid–, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito. Entre ellos, la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.
Zaplana ha negado haber tenido o tener "ninguna sociedad ni relación mercantil" con el expresidente de la Comunidad de Madrid. En una declaración a Efe, el exministro afirma: "Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".
"Desconozco el contenido del auto (por el que el juez Eloy Velasco mandó ayer a prisión a González en el marco de la operación Lezo) en el que se me menciona y la interpretación o valoración que se esté efectuando respecto de conversaciones de terceros, pero rechazo las interpretaciones, por falsas, que se está realizando sobre mi persona y cualquier relación con asunto de blanqueo", añade Zaplana. Agrega el exministro que "nunca he tenido, ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González".
Así se señala en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada la noche de este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra González y otros implicados en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la operación Lezo.
La expresión "dinerillo B" procede del contenido de una conversación intervenida el pasado 4 de octubre entre el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Richmond, en la que ésta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.
El juez cita en su auto hasta ocho de estos negocios, entre los que destaca la adquisición del 50 por ciento –junto con Zaplana– de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, conocido por facilitar a sus clientes estructuras societarias en otros países, que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua.
Las diligencias judiciales realizadas hasta el momento no permiten aclarar si la inversión fue finalmente realizada.
Lo que sí han revelado, según el auto, son los "planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esta inversión a través de sociedades opacas. Así se desprende de una conversación intervenida entre González y el propio Zaplana en la que el exmandatario madrileño le propone montar "una estructura financiera" a través de Belhot en la que valora que éste trabaje en lugares como Holanda, Estados Unidos o Uruguay "para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo".
En cuanto a las guarderías, la investigación ha destacado que González y su esposa constituyeron una empresa para gestionar este tipo de centros a través de terceros inversores, pertenecientes a su círculo familiar y de amistades. El juez subraya que Cavero, con una aportación mínima –unos 10.000 euros– habría pasado a controlar el 20 por ciento aproximadamente de una sociedad cuya valoración ronda el millón.
Se apunta también en este capítulo de blanqueo de capitales la adquisición de una parte del accionariado de la sociedad Auditel que en función de conversaciones entre González y su hermano Pablo –en prisión eludible con fianza de 4 millones "en un abanico que oscila entre 1 y 3 millones de euros"–.
El hermano del expresidente explicó a su cuñado José Juan González Caballero –igualmente en prisión bajo fianza– que podrían comprar el 20 por ciento de la empresa por entre 800.000 y 1 millón de euros, dando a entender que tanto él como Ignacio disponían de tal cantidad. "El primero es Nacho, que además está muy interesado", consta en la conversación intervenida que obra en la instrucción.
Al juez le llama la atención que Pablo González asegure que su hermano dispone de un millón de euros para afrontar esta inversión y la relaciona con el mecanismo también detectado en la operación Lezo por el que éste colocaba de forma recurrente en su cuenta 13.000 euros "mediante la ficción de un préstamo entre familiares que compensaría con dinero B".
Igualmente, el juez ha detectado otras operativas que podrían haber servido al expresidente de la Comunidad de Madrid "para blanquear fondos a menor escala". Entre ellos cita una facturación "triangular" entre la sociedad Comunica, la mercantil Asecom y el propio González que aún debe ser analizada por el juez, la falta de liquidez en sus cuentas que le llevó a articular la operativa de préstamo ficticio familiar y 12.000 euros de facturación ficticia entre González y la sociedad de su hermano Asesora 25.