La junta de fiscales de Anticorrupción se opuso y consiguió revertir una orden del jefe de esa Fiscalía, Manuel Moix, en la que proponía suspender uno de los registros practicados ayer en la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II.
Fuentes fiscales han confirmado a Efe que el fiscal jefe Anticorrupción, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó una orden por escrito a los fiscales del caso en la que se oponía a que se hiciera uno de las decenas de registros que los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía. Así ocurrió, según las fuentes consultadas por Efe, y la Junta apoyó que se realizara el registro.
La Guardia Civil, a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, practicó ayer doce detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presunto desvío de fondos del Canal para enriquecerse.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron durante todo el día varios domicilios y empresas, incluida la casa y el despacho de González y la sede del Canal, y hoy siguen los registros en otras compañías.
El propio Moix ha aclarado a la Cadena Ser que el registro al que se opuso no era el del domicilio de Ignacio González, aunque no ha precisado de cuál se trataba.