Además de la ya famosa y accidentada Semana Santa en varias ciudades andaluzas –Málaga, Jerez y Sevilla-, la sorpresa pascual se centra en el Parlamento andaluz, que cuenta los acuerdos incumplidos por la Junta; en Marinaleda, cuyo Ayuntamiento va a pagar la defensa de su alcalde, José Manuel Sánchez Gordillo, y en la UGT, que no quiere que se usen sus siglas para apoyar la candidatura de Susana Díaz.
Si se estudiara bien en nuestra enseñanza pública y privada se sabría que en una democracia digna de tan hondo nombre, el poder legislativo aprueba leyes y acuerdos que el poder ejecutivo debe cumplir. Pero el Parlamento andaluz comprueba una y otra vez cómo sus acuerdos son incumplidos, ignorados o no ejecutados por la Junta que preside Susana Díaz. Sobre todo, cuando sus impulsores no han sido los parlamentarios socialistas o el tándem de gobierno PSOE-Ciudadanos.
ABC detalla cómo aquellos acuerdos que se ganan por mayoría en el pleno del Parlamento andaluz donde el PSOE no tiene mayoría absoluta -PP, Podemos, Ciudadanos e IU suman 62 escaños por 47 del PSOE-, sencillamente no se aplican. Y, lo que es peor, no hay manera legal de hacer que el gobierno de Susana Díaz cumpla los acuerdos del Parlamento.
Por ejemplo:
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Se aprobó en mayo de 2016 un plan de actuación para evitar la coincidencia en los juzgados de víctimas y agresores de violencia doméstica. Incumplido.
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Se aprobaron en 2016 bonos especiales de transporte público para colectivos desfavorecidos. No ejecutado.
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Se ha aprobado ¡varias veces! que fuera públicos servicios como el 112, Salud Responde, 061 o comedores escolares. Ni caso.
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Se aprobó en 2016 la creación de unidades de ictus en los hospitales andaluces. No se aplicó.
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Se aprobó por el Pleno un plan de cribado para el cáncer de colon en la Comunidad que no se ha ejecutado.
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La Cámara ha aprobado en varias ocasiones mociones para el rescate de servicios que ahora prestan empresas privadas como el 112, Salud Responde, el 061 o los comedores escolares.
Otros asuntos han sido la recepción de las ayudas para viviendas, la publicación del plan de depuradoras para municipios o la remodelación de los centros de educación especial. Ni caso.
Hasta Ciudadanos se queja de la aprobación de acuerdos que no sirven para nada, que son, precisamente, acuerdos que ellos consienten, bien por abstención bien por apoyarlos explícitamente. PP, como Podemos e IU, denuncia el comportamiento de la Junta, pero nadie sabe, cómo obligar a la Junta a poner en marcha lo que no quiere poner, aunque sea decisión del pleno del Parlamento.
Sánchez Gordillo y sus gastos jurídicos
Tal vez no sea un precedente y haya habido otro Ayuntamiento en España que haya pagado la defensa jurídica de su alcalde por causa de sus comportamientos personales y políticos. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Marinaleda que lleva casi cuarenta años en manos de José Manuel Sánchez Gordillo, pagará su defensa en un caso de mala gestión de fondos del antiguo PER y de otro plan de fomento del Empleo Agrario.
Según La Razón, fue él mismo quien hizo la propuesta el pasado 7 de abril aduciendo doctrina del Tribunal Supremo para que el Ayuntamiento cubra sus gastos de defensa jurídica si fueron encausados por asuntos que tienen que ver con sus funciones representativas.
Sánchez Gordillo contrató para su caso a un despacho de penalistas sevillanos que, a pesar de haberse archivado las actuaciones y no haberse celebrado juicio oral, le pasó una factura de casi 4.000 euros a su cliente. Sánchez Gordillo quiere que ese dinero pase de los presupuestos municipales a su bolsillo para pagar su defensa.
Naturalmente, el pleno municipal, donde cuenta con mayoría absoluta Izquierda Unida, Los Verdes y Convocatoria por Andalucía, aprobó la moción con la oposición del PSOE que se negó a que los vecinos del pueblo tuvieran que pagar la mala gestión de su alcalde, comprobada en varias condenas anteriores, aunque lo diga el Tribunal Supremo.
UGT: nada de apoyos oficiales a Díaz
Es conocida la lejanía personal establecida entre Susana Díaz y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, desde que ésta fue designada por el ex equipo dirigente imputado en el caso del fraude de facturas y gastos de la UGT andaluza. Además de la compleja situación del sindicato "hermano" ante la Justicia, agravó la contienda la consideración de "fea" que le espetó Castilla a Díaz en memorables conversaciones con el imputado Francisco Fernández Sevilla.
Tiempo después, la distancia aparece de nuevo en la forma de prohibición por parte de UGT a la estrategia de uso del logo y la imagen de UGT para apoyo de la candidatura de Susana Díaz en las primarias socialistas, prohibición que no parece ser acatada por el PSOE andaluz.