El juez de Gürtel atribuye tres delitos a otra diputada del PP en Madrid

La lista de cargos públicos del Partido Popular salpicados por la trama Gürtel es cada día más amplia. José de la Mata, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, se dirige ahora contra María Josefa Aguado. Se trata de una actual diputada en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, aforada como tal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El magistrado ha remitido un escrito llamado exposición razonada a dicho órgano para que la impute por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos que habría cometido durante su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

Los supuestos pelotazos en este municipio madrileño conforman una pieza separada del caso Gürtel como otro de los feudos donde las empresas de Francisco Correa se adjudicaron contratos públicos a cambio de suculentas comisiones. En concreto, Aguado se coloca al borde de la imputación por la concesión del contrato para la organización de las "X Olimpiadas Escolares" al cabecilla confeso de la trama. Según la exposición del juez José de la Mata, la actual diputada actuó "a sabiendas de su flagrante vulneración de la normativa en materia de contratación pública".

María Josefa Aguado habría tomado decisiones como jefa de deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey en todo momento "arbitrarias, para conseguir la disposición de fondos públicos" hacia empresas del Grupo Correa. Según el relato del magistrado, actuó de forma "injusta" para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las sociedades que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales.

El método del fraccionamiento

Esta pieza separada del caso Gürtel investiga la adjudicación de contratos públicos desde 1999 en el Ayuntamiento de Arganda del Rey a empresas de Francisco Correa y otras a cambio de comisiones. De lo recopilado hasta el momento se desprende que habrían empleado el método delictivo del fraccionamiento, es decir, habrían troceado los contratos en adjudicaciones de menor valor exentas del procedimiento de contratación aplicable al sector público. Por ejemplo, la prestación de servicios para las "X Olimpiadas Escolares" a favor del Grupo Correa por 89.000 euros.

De acuerdo con la exposición razonada del juez, Aguado dio el visto bueno a que el pago se fraccionara en siete facturas que fueron tramitadas como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente". La aprobación se hizo en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 concluye que "en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo".

Aguado rechazó el pasado enero un ofrecimiento de José de la Mata, que la invitó a comparecer voluntariamente por estos hechos. Ahora envía la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que asuma la investigación contra su aforada y, si lo cree conveniente, respecto del resto de personas investigadas en esta causa: Francisco Correa, su número 2 Pablo Crespo, la empleada de ambos Isabel Jordán, el exalcalde de Arganda Ginés López Rodríguez y otros implicados como Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.