Bajo el foco, las obras de Alberto Ruiz Gallardón en la M30. El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha exigido una fianza de 12.000 euros para que un colectivo acuse al exalcalde de la capital. Se trata del partido minoritario Contrapoder, que presentó una denuncia por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas, "en principio imputables a Gallardón en cuanto alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos, sin perjuicio de la responsabilidad de otros copartícipes".
Aludiendo a un informe de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid, Contrapoder se dirige contra Gallardón por el contrato de su Ayuntamiento con la empresa Madrid Calle 30, encargada del servicio de mantenimiento de los túneles. De acuerdo con la denuncia, no se cumplió con la normativa de contratación pública: "el órgano de contratación no justifica la elección del procedimiento de adjudicación ni de los criterios establecidos para la selección de la oferta". La mencionada sociedad está participada en un 80% por el Consistorio, "lo que indica la capacidad de control".
Hablan también de "indicios de apropiación indebida de fondos públicos" utilizando la fórmula del sobrecoste, es decir, pagar de más por un servicio. También sobre un presunto falseamiento en las cuentas públicas al no incluir las operaciones con Madrid Calle 30 en las cuentas del Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Para fijar la cuantía de la fianza, que Contrapoder considera "desorbitada" en comparación con la exigida en otros procedimientos, el Juzgado explica que "debe tenerse en cuenta que la parte denunciante es un partido, no un particular, lo que implica una capacidad superior por la portación de sus afiliados". El juez cree que la suma no es excesiva "objetivamente hablando, e incluso puede considerarse pequeña para las resultas del juicio, habida cuenta del importe medio de unas costas procesales que se impusieran hipotéticamente hablando, a un querellante que obrara con mala fe".
Al mismo tiempo, Contrapoder ha remitido un escrito al equipo de Manuela Carmena solicitando que se persone como acusación en el procedimiento. En conversaciones con Libertad Digital han apuntado que, de lo contrario, considerarían cómplice a la alcaldesa de las irregularidades denunciadas.