Al margen de las salidas de tono, bromas chauvinistas y amenazas más o menos veladas, el Campo de Gibraltar es ya un polvorín político-social. Por una parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea deja a la colonia inglesa del Peñón, la última colonia de Europa, en situación precaria con consecuencias múltiples para sus habitantes y los españoles que trabajan en ella.
Por otro, el gobierno de Mariano Rajoy no parece dispuesto, a lo que se ha visto en el proyecto presupuestario para 2017, a realizar las inversiones que la propia Unión Europea ha ordenado en las conexiones ferroviarias del Puerto de Algeciras, el primero de España, que deben llegar por el corredor mediterráneo a Barcelona y a Francia y por el corredor interior a Madrid y Aragón. Ambas circunstancias bien mezcladas pueden constituirse en centro de gravedad de un conflicto importante.
Hace sólo unos días que el pleno del Parlamento Europeo (PE) dejó claro su apoyo a España contra los deseos del Reino Unido y el voto hostil y lamentable de algunos nacionalistas catalanes e Izquierda Unida. El resultado de la votación fue de 516 eurodiputados populares, socialistas, liberales y verdes a favor; 133 en contra y 50 abstenciones, las de Podemos entre ellas.
Pero, ¿qué se votaba? Pues que antes de llegar a nuevos acuerdos comerciales, que nada tendrán que ver con la actual situación del Reino Unido, hay que sustanciar la salida de la Unión y sus cuentas. Según la Unión, la factura a pagar por el Reino Unido es de 52.000 millones de libras, nada menos. Además, actualmente las fronteras de la Unión llegan a Gibraltar, pero desde la consumación del Brexit, las fronteras de la Unión serán las oficialmente españolas, esto es, Algeciras y la Línea con todas sus consecuencias.
Lo que se votó asimismo es la primacía de los intereses españoles en Europa, una Europa donde ya no se tendrán en cuenta los intereses británicos porque los británicos no quieren. Eso implica que el caso Gibraltar, una colonia europea en pleno siglo XXI, tendrá que tener una solución diferente a la actual y un tratamiento comercial distinto, algo a lo que se opone directamente el Reino Unido que considera a Gibraltar un símbolo nacionalista, además de una pieza muy útil en la defensa de sus intereses militares.
La estrategia de la izquierda radical española ya está trazada en el caso. Por una parte, Podemos ha dejado claro que su prioridad son los trabajadores del Campo de Gibraltar, los trabajadores españoles en la roca –alrededor de 7.000–, y los trabajadores españoles en el Reino Unido (alrededor de 300.000) y el fin del carácter de chiringuito fiscal pirata del Peñón sin menciones al colonialismo ni a la soberanía. El PSOE, además de estas consideraciones, añade que el tema de la soberanía de Gibraltar vuelve a estar en el alero.
Como quedan dos años de negociaciones con el Reino Unido, PP y Ciudadanos aún no parecen haber concretado posiciones respecto a uno de los problemas que harán al Campo de Gibraltar un terreno abonado para el incendio político y social. El otro, es la ausencia de inversiones necesarias para que la comarca puede despegar definitivamente.
De ahí la perplejidad y la sorpresa generada por los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que han motivado la crítica de la izquierda e incluso los nervios en el PP andaluz, que no sabe cómo explicar el caso Algeciras, que es el caso Campo de Gibraltar, que lleva esperando las conexiones ferroviarias de su puerto con el resto de Europa, por Barcelona y por Madrid, 13 años.
Se trata de la conexión ferroviaria entre Algeciras y su puerto, el primero de España y de los primeros de Europa, y el nudo de Bobadilla-Antequera que lo comunicará con Málaga y la costa mediterránea hasta Francia y con Madrid hacia Zaragoza y Barcelona, donde confluirá con el otro corredor, el mediterráneo.
Sólo 20 millones de euros se destinan a esa obra –tres veces más se dedican al puerto en sí, eso es cierto–, lo que ha llevado a la dirección del Puerto de Algeciras a calcular que a ese ritmo la conexión estará terminada en 2077, dentro de 60 años. Lo curioso es que esta infraestructura fue considerada prioritaria por la Unión en 2004, hace 13 años, y que se ha señalado incluso la fecha de su terminación, 2020.
Se ha recordado estos días en El Diario un documento del gobierno Rajoy, presentado hace dos años a los empresarios campo-gibraltareños, en el que se decía que el ritmo de la inversión debería ser de 250 millones de euros anuales. Otros calculan que son necesarios 1.300 millones de euros para una obra clave de la Red Transeuropea de Transporte. No es, pues, una obra clave para Andalucía como acentúa la presidenta de la Junta, Susana Díaz. sino para toda España y para la Unión Europea.
El gobierno de Rajoy, vía su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, ha distinguido en presupuestos teóricos de inversiones y presupuestos ejecutables, advirtiendo que lo que se podrá ejecutar del proyecto en los seis meses que quedan de 2017, son los 20 millones de euros consignados. No parece un ritmo aceptable por realista que quiera presentarse.
El PP andaluz y Ciudadanos, firmantes de los Presupuestos, no han salido siquiera a la palestra a explicar la causa de un abandono que, unido a las consecuencias del Brexit, está convirtiendo de hecho la comarca en un hervidero político y social, abonado para la demagogia de fuerzas políticas que callan ante los privilegios fiscales y presupuestarios que apoyan en otras regiones.
La primera en la frente. Izquierda Unida, que calla en Cataluña y el País Vasco, ha lanzado ya a cuatro de sus alcaldes de la zona, los de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios y La Línea de la Concepción, contra la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que preside el PP.