La Fiscalía es el ariete del Estado contra Convergencia para intentar dinamitar el proceso hacia la república catalana. Este es el resumen de la comparecencia parlamentaria de Artur Mas para dar su versión sobre las confesiones de Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, así como de diversos empresarios en torno al cobro de comisiones por parte de Convergencia a cambio de adjudicación de obra pública. El famoso 3% (el 4%, matizó Jordi Montull "porque Convergencia quería más") ha vuelto a sede parlamentaria en plena celebración del juicio.
Mas se ha escudado en el acuerdo de los Montull con el fiscal Emilio Sánchez Ulled (el mismo del juicio del 9-N en el TSJC) para atribuir al Ministerio Público una suerte de manía persecutoria contra el partido. "Sobre este caso ya he dado toda clase de explicaciones y la única novedad son los pactos de la fiscalía para rebajar escandalosamente las penas a cambio de las nuevas versiones", afirmó el expresidente autonómico, que avanzó de se modo la argumentación de la defensa que Xavier Melero, el letrado de cabecera del partido convergente, realizará del extesorero Daniel Osàcar.
Pactos en tela de juicio
Según Mas, "los pactos de la fiscalía están encaminados a demostrar a toda costa que Convergencia se financió con comisiones a cambio de obra pública". Dicha estrategia, sin embargo, cojea, según la versión de Mas, porque "no se ha investigado la fuente primaria de las supuestas comisiones, los concursos de adjudicación", abundó. "Y eso es porque saben que son correctos". Otra cosa es que el Palau hiciera donaciones a las fundaciones convergentes, admitió Mas: "En aquel tiempo era legal".
En cualquier caso, reiteró que sus funciones en el partido eran y son estrictamente políticas, que los poderes del administrador de Convergencia eran ilimitados y que pese a todo ponía y pone la mano en el fuego por Daniel Osàcar "porque él siempre ha dicho lo mismo y no ha llegado a ningún acuerdo con la fiscalía para rebajar su pena". Seis años pide la fiscalía para quien fuera el tesorero de ilimitados poderes entre 2005 y 2009, hasta el estallido del caso Palau.
No sólo Millet y Montull
Inés Arrimadas, de CiU, le recordó que en Convergencia hay 35 investigados y el partido tiene catorce sedes embargadas. También acusó a Mas de negar la evidencia de las comisiones. Miquel Iceta, del PSC, le recordó que no sólo Millet y Montull ponen a su partido en el centro de la trama sino que varios empresarios han reconocido que recibían encargos de CDC que facturaban al Palau de la Música. Lluís Rabell, de "Catalunya Sí Que es Pot" (CSQP), disertó sobre las mentiras de Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola y Lluís Prenafeta, "fundamentales" en la carrera de Mas.
Por el PP intervino el portavoz Alejandro Fernández, que acusó a Mas de haber sido el peor presidente de la Generalidad de la historia y de haberse convertido al independentismo para tapar la corrupción. El diputado de la CUP Benet Salellas reclamó a Mas que se retire de la política porque ayuda a que se identifique el independentismo con la corrupción. El convergente Jordi Turull fue el encargo de acometer la defensa de Mas en nombre del grupo Junts pel Sí. Insistió en la teoría del complot de la Fiscalía, de las cloacas del Estado.