Luis Escribano del Vando, alto funcionario de la Junta de Andalucía y exjefe de servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, que depende directamente del vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz en la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha escrito una carta abierta a Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, donde la acusa de no ejercer la función de control que corresponde a la oposición y de vetar su comparecencia en el Parlamento andaluz de acuerdo con el PSOE.
Fue el pasado 23 de marzo cuando se sometió a votación parlamentaria la comparecencia de Escribano en la Comisión de Presidencia y Administración Local del Parlamento andaluz, solicitada por el grupo del PP a raíz del artículo que se publicó el pasado 8 de diciembre de 2016 en El Demócrata Liberal, titulado "Mi cese, una oportunidad para el Parlamento", del que se hicieron eco medios de comunicación como Libertad Digital, El Mundo y ABC de Sevilla.
Escribano recuerda en su carta que a su servicio le correspondía la función de coordinar el Plan de Cooperación Municipal, con una cuantía cercana a 1.000 millones de euros; líneas de subvenciones regladas y excepcionales a municipios andaluces y entidades sin ánimo de lucro, etcétera.
Pero a pesar de las felicitaciones recibidas, incluso de Izquierda Unida que lo mantuvo en el cargo cuando cogobernó con el PSOE en la anterior legislatura y a pesar de tener una puntuación muy elevada en la valoración de su servicio, fue destituido el pasado 11 de noviembre de 2016, por "pérdida de confianza" del nuevo Director General, Juan Manuel Fernández Ortega, con el conocimiento y asentimiento del vicepresidente Jiménez Barrios.
El cese, según ha documentado el funcionario, se ha debido a su negativa a la comisión de irregularidades en la distribución de los fondos destinados a Ayuntamientos.
Las responsabilidades de Juan Marín
Escribano señala que Marín ni siquiera ha solicitado al Consejo de Gobierno en el Parlamento copias de las denuncias que presenté dirigidas al Consejero y Vicepresidente de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, denuncias que existen desde diciembre de 2016.
Y añade: "Su grupo parlamentario, Sr. Marín, no sólo ha incumplido con su función de controlar al ejecutivo, sino que ha vetado la posibilidad de que se hagan públicas las presuntas ilegalidades cometidas en la Dirección General de Administración Local y que ha ocultado el Vicepresidente de la Junta de Andalucía como Consejero de la Presidencia, tras habérselo denunciado. ¿Qué gana con ello, Sr. Marín".
Ante la argumentación de Ciudadanos de que ningún interesado "particular" debe asistir al Parlamento por petición del mismo, Escribano aclara que quien lo ha solicitado ha sido el grupo parlamentario popular en su labor de control al ejecutivo ya que "mi cese se debía a actuaciones irregulares acontecidas en la Consejería, no a temas particulares de un ciudadano".
Además "¿desde cuándo un funcionario público que actúa en ejercicio de sus funciones dentro de una Administración Pública y bajo las órdenes de un Director General es un "particular"?"
Marín, curiosamente, ha dado, después de vetar la comparecencia, la orden de que se hable con Escribano. Así lo han intentado sistemáticamente Marta Bosquet y Carlos Hernández White durante este fin de semana. Pero no quisieron hacerlo antes, aunque le pidieron permiso para pasarle su teléfono a Juan Marín.
Y se pregunta: "¿Qué utilidad tiene hablar, a toro pasado, con diputados de un partido que no ha mostrado una mínima sensibilidad e interés por el asunto, vetando una comparecencia en el Parlamento en la que podía haber relatado las irregularidades para conocimiento de la Cámara y de todos los ciudadanos?
Escribano revela que ninguno de los grupos parlamentarios (Ciudadanos, IU-CA, Podemos y PSOE), han solicitado información alguna sobre lo denunciado, ni han apoyado mi comparecencia. Muy significativo ha sido el comportamiento de Antonio Maíllo que no ha querido testificar públicamente que la Junta le pidió a él mismo y con anterioridad el cese de Escribano, a lo que se negó.
Y concluye: "Claro queda, a la vista de sus actuaciones, que usted y el resto de diputados que quedan en su grupo no sólo incumplen sus funciones como diputados, sino incluso los propios estatutos de su partido y esos fulgurantes "valores" venidos a nada y salpicados con grandes manchas de hipocresía y dobleces… Los andaluces no nos merecemos sus torcidos comportamientos".