Abierta la investigación sobre el referéndum separatista que cocinan desde hace meses Juntos por el Sí y la CUP. La Fiscalía ha impulsado diligencias para atajar el problema de raíz, incluso antes de la convocatoria oficial de una consulta que en la imaginación del Gobierno de Carles Puigdemont será vinculante y con septiembre como fecha límite. El Ministerio Público ha informado mediante una nota difundida a los medios de comunicación que estudia posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Una serie de ilícitos, que llevan aparejadas penas de cárcel, derivados de momento de la publicidad institucional que recogió el jueves el diario La Vanguardia:
"¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña?" "¿Ya se han inscrito en el registro de catalanes residentes en el exterior?" "¿Sí o no?". "Sumándote, podrán tener muchas más ventajas y hacer oír su voz".
Con respuesta por parte del Ministerio Público:
"Ante diversas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en relación con los preparativos para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en frontal infracción con las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, del que pudiera ser muestra la publicidad institucional insterada en el diario La Vanguardia en su edición de ayer (Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior), la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha abierto en el día de hoy diligencias de investigación por si se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".
Como en el caso 9N –la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional de noviembre de 2014 que ha costado irrisorias condenas de inhabilitación a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, la Fiscalía se centra en los "preparativos" del referéndum anunciado.
Sobres y papeletas para ¿unas "elecciones autonómicas"?
Las diligencias surgen horas después de que la Generalidad haya abierto un concurso para seleccionar a potenciales empresas proveedoras de sobres y papeletas. Concurso valorado en un máximo de 775.714 euros y que se publicaba en el Diario Oficial de la Generalidad el 22 de marzo a la misma hora en la que en el Parlamento catalán se votaban las cuentas de 2017 en las que se refuerza el referéndum independentista con una partida oculta de 5,8 millones de euros. Aprovisionamiento que en principio, según aparece en este portal de contratación, se destinaría a unas elecciones autonómicas al Parlamento pero que suscita la duda en algunos sectores aunque ningún partido se ha atrevido a vincularlo con el referéndum.
Aún así, en declaraciones para esRadio, el líder del PPC, Xavier García Albiol sí ha pedido estar alerta a partir de ahora por si esta maniobra del Gobierno de Puigdemont se demuestra que va dirigida a financiar un segundo 9N. Fuentes de la Generalidad desmienten a este diario que esta sea su verdadera intención y hablan de un procedimiento habitual tratándose de una comunidad autónoma. Desde el Ejecutivo de Puigdemont insisten a LD en separar este concurso público del referéndum a la vez que también descartan que entre los planes a corto plazo del presidente catalán se encuentre un adelanto electoral.El concurso no supone el inicio inmediato de la compra del material electoral pero sípermitiría agilizar el proceso de esa adquisición cuando sea necesario según los planes y el calendario del Ejecutivo separatista.
Por cierto que todo esto ocurre en la misma semana en la que el Parlamento catalán ha activado los trámites para aprobar la ley de desconexión de Cataluña por la vía urgente y sin necesidad de debate parlamentario. Los separatistas esperan que en un plazo máximo de dos semanas pueda ser debatida y aprobada en pleno gracias a la mayoría absoluta de los independentistas en la cámara.