El caso Romanones ha tenido como único acusado al padre Román, de donde procede el apelativo, y un único acusador principal, "Daniel", un joven de 27 años que escribió una carta al papa Francisco donde le relataba los presuntos abusos sexuales que había sufrido desde los 12 años. Pero da cuenta la agencia EFE de que la Fiscalía acaba de retirar la acusación inicial contra el padre Román, para el que pidió nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado con acceso carnal a un menor. Según la Fiscalía, no han quedado acreditados los hechos.
El llamativo acontecimiento judicial ha tenido lugar en la última sesión del juicio que comenzó el pasado 6 de marzo en Granada tras el proceso de instrucción. No obstante, la acusación particular que representa al joven sigue pidiendo 26 años de cárcel, aunque con modificaciones técnicas y la defensa del sacerdote su libre absolución.
El Fiscal ha confesado que, aunque han creído hasta este momento al denunciante, es preciso retirar los cargos. Ha añadido que ha buscado mantener la investigación y sostener la petición de nueve años de cárcel. Pero no sólo no se han encontrado pruebas, sino que el denunciante ha incurrido en contradicciones muy significativas.
La Fiscalía dice ahora que no se puede condenar sin pruebas por una "verdad declarada". Concretamente, ha expuesto que "sin la penetración anal no hay juicio", porque los hechos estaban prescritos en la fecha de la denuncia y admite que el "juego de fechas" y el paso de los iniciales "toqueteos" a la penetración impiden considerar probados los hechos.
Es más, añade el fiscal que "ante las contradicciones, la actitud del denunciante es de huir", subrayando las incoherencias del denunciante en las testificales. Dijo el Fiscal que es "difícil" creer a alguien que dice que tiene aversión a los sacerdotes pero que se introduce en el Opus Dei, elementos que suponen una "contradicción grave", y dicho que "no es lo mismo decir que te dan besos en la boca que que te están violando, que te están penetrando".
Otras incoherencias son que el denunciante no aludió a penetraciones al principio, aunque sí después incurriendo en más contradicciones; que la descripción del denunciante sobre la forma de los genitales del padre Román no se correspondía con la realidad –ni tenía estrías en la cadera, ni está circuncidado ni tiene manchas de color café, como aseguró el denunciante–; que las fechas en las que dijo haber sido violado indicaban que ya era mayor de edad y no menor y, para terminar, una amiga que, según el denunciante, había formado parte de un trío sexual con el padre Román y él mismo, lo negó en el juicio.
Ciertamente, otros testigos han explicado que la vida del padre Román era insólita y han hablado de besos, baños "calientes", desnudos e invitaciones a jóvenes a dormir en uno de los chalés que utilizaba en Granada. Sin embargo, la Fiscalía no los cree de entidad suficiente y ha retirado la acusación.
El papelón del papa Francisco
El papa Francisco llamó personalmente al denunciante para pedirle perdón en nombre de toda la Iglesia Católica, antes de ser demostrados los hechos, e intervino de forma directa en el caso forzando la investigación de los presuntos abusos cometidos por el clan de los Romanones, lo que animó a denunciar a otras víctimas de abusos sexuales cometidos por curas de Granada.
"La verdad es la verdad, y no debe esconderse, cueste lo que cueste", declaró entonces el papa Francisco apoyando la investigación sobre el caso Romanones, considerado "la mayor trama de pederastia eclesial en España" que daba por demostrada la implicación de 7 de cada 100 curas granadinos.
El propio arzobispo de Granada fue afectado por el procedimiento porque la diócesis de Granada ha estado señalada como responsable civil subsidiaria de los abusos presuntamente perpetrados. Como elemento llamativo, el juez de instrucción tuvo que solicitar nueve veces, el expediente canónico del caso al Arzobispado. A pesar de la presunción de la existencia de una trama –diez sacerdotes y dos laicos–, el único acusado ha sido el padre Román por prescripción de los delitos atribuidos a los demás.