Frente a los fenómenos de "okupación ilegal premeditada", el pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de Ley del PDEcat con el objetivo de garantizar "un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas".
La iniciativa del Grupo Mixto (la antigua Convergencia no tiene grupo propio esta legislatura) ha suscitado un encendido debate en el pleno de la cámara baja, en el que los diputados de los distintos grupos se han enzarzado a cuenta de la ocupación y los deshaucios. Así, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha abogado al inicio de su intervención por "romper algunos topicazos" ya que, a juicio del diputado naranja por Barcelona, "el primero que tiene derecho a la vivienda es el que se la ha comprado". En el extremo opuesto, la diputada de En Comú Podem, Lucía Martín, ha asegurado que la iniciativa "pretende agilizar los desahucios" y que "hay personas que viven ocupando pisos vacíos que, en su mayoría, son propiedad de entidades financieras" gente que, según la representante de Podemos, "ni puede pagar una hipoteca ni puede pagar un alquiler a precio de mercado".
Los propietarios afectados en Cataluña
La diputada proponente, Lourdes Ciuró, ha pedido "no cerrar los ojos" a la realidad de propietarios, de los que ha citado varios casos en Cataluña, que no pueden hacer uso de su propiedad: "Entendemos que hay que dar una respuesta para que la Ley del más fuerte no sea la que impere".
Ciuró ha relatado cómo esos propietarios se sienten víctimas de "mafias que abusan de la vulnerabilidad de las personas" y cómo hay centenares de casas que podrían dedicarse a vivienda social que las administraciones públicas, en este caso las de Cataluña, no pueden emplear al estar ocupadas. Un término, el de mafia, empleado también por Girauta, que ha señalado como "especialmente importante en Cataluña".
El portavoz centrista ha descrito el proceder de esos grupos que, ha afirmado, se instalan en pisos en cuestión de horas introduciendo muebles y falseando contratos de suministro. Girauta, aunque su grupo respalda la iniciativa, ha reprochado a los nacionalistas la connivencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y de su antecesor, el convergente Xavier Trias, con este tipo de prácticas. En la misma línea, la diputada del PP, Ana María Zurita, ha enfatizado el aumento de la ocupación en Barcelona más de un 60% el último semestre de 2016, denunciado además la connivencia de los ejecutivos municipales: "Pese a las denuncias de los vecinos colindantes, los ayuntamientos del cambio amparan estas prácticas ilegales" ha concluido la representante del Grupo Popular.
La izquierda, en contra
Por su parte, Lucía Martín en una intervención muy aplaudida por la bancada de Podemos, ha arremetido contra la propuesta por, a su juicio, no contener "ni una sola medida contra esas mafias". La proposición, ha dicho, lo que hace es "estigmatizar y criminalizar a toda la gente que actualmente vive ocupando este tipo de propiedades".
Desde el PSOE, María del Mar Rominguera ha considerado innecesaria la iniciativa ya que bastaría, ha asegurado, con aplicar los mecanismos actualmente existentes en la legislación.