Alarma en el PDeCAT por la falta de reacción popular a la inhabilitación de Mas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no ha generado la respuesta popular en la que confiaba el PDeCAT (la vieja Convergencia). La convocatoria el mismo lunes en las redes sociales de una cacerolada de protesta se saldó con un notable fracaso y por el momento no hay noticia de nuevas movilizaciones en apoyo a los inhabilitados. Las organizaciones que sustentan el proceso en la calle, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, no consiguen generar las reacciones de indignación popular de antaño en gran medida porque los intereses contrapuestos de los partidos separatistas que las condicionan atenazan su capacidad de arrastre.

La falta de fuelle del proceso es una constante en el último año, aunque se registren picos como el del pasado 6 de febrero, cuando unas catorce mil personas (cincuenta mil según los convocantes) se plantaron en el recorrido entre la Generalidad y la sede del TSJC para arropar a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega.

El proceso pierde gas en el ámbito callejero a pesar de los planes de la ANC de realizar acampadas indefinidas o bloquear las principales infraestructuras de comunicación de Cataluña en el improbable caso de que el Gobierno active el artículo 155 de la Constitución. La fatiga de las bases a las que tanto apelan Mas y Carles Puigdemont ya es un hecho, reforzado por las grietas cada vez más notorias en la unidad de acción de Convergencia, ERC y la CUP. Los juicios por el saqueo del Palau de la Música Catalana y por el caso Pretoria (que sienta en el banquillo, entre otros, a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos símbolos del pujolismo) son algunas de las razones que, según ANC y Òmnium, complican su trabajo y desmotivan a muchos miles de ciudadanos que hace sólo un par de años acudían como un solo hombre a los llamados para llenar las calles y reclamar la independencia.

Las encuestas auguran una holgada victoria de ERC en el caso de unas elecciones autonómicas anticipadas, razón por la que Oriol Junqueras se mueve con extrema cautela, sin alardes retóricos ni verbo inflamado y manteniendo el hilo directo con la vicepresidente del Gobierno.

El efecto de la corrupción

La condena a Mas no ha sido la espoleta que pretendían las entidades "cívicas". La solidaridad se ha ceñido a los protocolos políticos y las declaraciones insumisas de oficio. Tras las bambalinas, los jóvenes dirigentes del PDeCAT, encabezados por la coordinadora general Marta Pascal, presionan para que Mas dé un paso atrás. Su condena no es un capital suficiente habida cuenta del peso de las graves acusaciones en el juicio del Palau de la Música sobre la financiación irregular de Convergencia. Tampoco ayuda la investigación sobre las mordidas del 3% de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de El Vendrell, que tiene en el punto de mira al exgerente de CDC, exconsejero de Justicia y actual diputado de Junts pel Sí Germà Gordó. El TSJC ha impedido de momento que el juez Josep Bosch interrogue al parlamentario alegando que los indicios en su contra son insuficientes, a pesar de los testimonios de al menos dos empresarios, testigos protegidos, que le sitúan junto a Mas en lo alto de la pirámide del sistema del 3%. Mas se resiste a ceder a las presiones internas de su propio partido y en la medida en la que crecen los indicios contra él más se obstina en regresar al centro de la arena política. Sin embargo, carece ya del apoyo popular y de la condición de ariete indiscutible del proceso.

El fallo del TSJC ha servido para reactivar la "hoja de ruta" separatista, pero en el plano meramente administrativo. La Mesa del Parlament ha aprobado este martes la ponencia que manipulará el reglamento de la cámara para aprobar por la vía de urgencia las leyes de desconexión en tanto que Puigdemont, Junqueras y la CUP muestran en público su determinación de llevar a cabo un referéndum en la última quincena de septiembre. Pero tampoco se descarta una convocatoria anticipada de elecciones que pasaría porque la CUP retirara su apoyo al gobierno autonómico, una opción que en ERC se alienta para salir del bucle de una repetición del 9-N sin garantías internas ni reconocimiento exterior de ningún tipo.

Crisis por el cambio en TV3

El nombramiento del periodista Vicent Sanchis para dirigir TV3ha servido para que la CUP y ERC se hayan desmarcado del PDEcat en una nueva muestra de las profundas discrepancias en el seno del movimiento separatista. Además, el expresidente catalán deberá comparecer en el Parlamento el próximo 29 de marzo para someterse al tercer grado de los grupos por su papel en el expolio del Palau y en la financiación de Convergencia. Mas se defenderá con la teoría de que es víctima de una cacería política motivada por su empeño en conducir Cataluña hacia la independencia, pero ese mensaje no cuaja en su partido y mucho menos en ERC y la CUP.

Los principales líderes separatistas coinciden en denostar a la justicia española y en criticar la "operación Diálogo" del Gobierno, pero la principal víctima, Artur Mas, ya no es un elemento de cohesión. La sentencia, como la vista, le ha permitido asomar de nuevo la cabeza, pero el calendario de los juicios por la corrupción juega en su contra. A las confesiones de Fèlix Millet y los Montull se unirá en breve la de Macià Alavedra, que ha llegado a un pacto con la fiscal de la Audiencia Nacional Ana Cuenca, que dispone de conversaciones del antedicho con el propio Mas a cuenta de las operaciones especulativas de los viejos componentes de lo que era la guardia pretoriana de Jordi Pujol. La confesión de Alavedra le permitirá eludir la cárcel previa devolución de unos diez millones de euros y puede suponer el último clavo en el ataúd político del expresidente autonómico.

La salida europea

La Generalidad pretende trasladar a la Unión Europea el conflicto catalán a cuenta de la sentencia del TSJC. Se ondea el informe del Consejo de Europa sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional, en el que se insta al Estado a no dejar en exclusiva a los juzgados la respuesta al proceso separatista, pero hasta el momento los nacionalistas no han logrado ningún apoyo a su causa más allá de la ultraderecha finesa y la Liga Norte italiana.