Los exdirectivos de Ferrovial niegan las mordidas pero dos empresarios delatan a CDC

El juicio del caso Palau sigue mostrando el espeso manto de corrupción instaurado por Convegencia en connivencia con los gestores del Palau. El testimonio de los acusados de Ferrovial estaba destinado a justificar los suculentos patrocinios y englobar las millonarias partidas en las actividades de proyección y difusión de la marca Ferrovial. Sin embargo, dos empresarios, Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra, contratistas de Convergencia, desmontaron las líneas de las defensas. Acusados de falsedad documental, admitieron que prestaban servicios al partido que eran abonados por el Palau. Un nuevo clavo en el ataúd de la financiación irregular de Convergencia, ahora PDeCAT.

Pedro Buenaventura trabajo en Ferrovial desde 1985 hasta el 23 de marzo de 2006. Comenzó de jefe de obra en Aragón y empezó a escalar posiciones hasta convertirse en 2002 en director general de la constructora tras un paso de dos años por Varsovia, donde en calidad de vicepresidente se hizo responsable de la más importante constructora polaca, Budimex, que había sido adquirida por Ferrovial. Su posición, por tanto, era de la máxima importancia en la empresa, pero según su defensa le aleja del escenario del "crimen" durante los años en los que había más trasiego entre Ferrovial y la trama para financiar a CDC a través del Palau.

Según Buenaventura, las cantidades de los convenios, que superaron de largo los diez millones de euros entre 2001 y 2009, no tenían ninguna relación con las adjudicaciones de obras públicas a Ferrovial en Cataluña, si bien admitió que cuando se firmó el convenio, en 1992, y cuando él tomó las riendas de la empresa en Barcelona, en 1996, el suculento mecenazgo tenía por objetivo "posicionarse en el mercado catalán, donde no se conocía a Ferrovial ni Ferrovial facturaba de acuerdo a su potencia en el resto de España".

El interrogatorio del fiscal Emilio Sánchez Ulled fue tan exhaustivo como reiterativos los argumentos del acusado, al que se le piden casi cinco años de cárcel. Más breve fue el turno de su abogado, el afamado penalista Cristóbal Martell (letrado de los Pujol y los Messi), que quiso que su cliente repitiera algunas de las cosas dichas a Sánchez Ulled. Así, Buenaventura insistió en que sólo se reunía con Fèlix Millet, presidente del Palau y principal acusado, para hablar de las obras de remodelación en los aledaños del recinto modernista y que a partir de la entrega de aquellas no volvió a ver a Millet.

Tras Buenaventura fue el turno del exdirector de relaciones institucionales de Ferrovial y subordinado del primero, que insistió en que los patrocinios al Palau tenían como objetivo difundir la marca Ferrovial.

Los exdirectivos de la constructora explicaron que se aportaba dinero al Palau para el programa anual de conciertos, para el concierto inaugural y en calidad de "socio de honor". Los incrementos en los pagos fueron atribuidos a la realización de conciertos singulares. Sus frecuentes reuniones con Jordi Montull en el Palau de la Música eran para pedir entradas para conciertos y coordinar las materias protocolarias. El concierto inaugural, según declaró al fiscal, era una dificultad absoluta por el gran número de invitados, lo que justificaba sus frecuentes visitas a Montull. "Tenía que velar por la marca", se excusó Elizaga. Su abogado mostró la documentación publicitaria del Palau en la que Ferrovial tenía un lugar de excepción en calidad de "miembro de honor".

Dos acusados confirma las facturas falsas

El tercer acusado en pasar por el banquillo en la sesión de este viernes fue Miguel Giménez Salinas, ya jubilado y que en su día era el consejero delegado de Altraforma, una empresa de publicidad que facturaba contra el Palau y Convergencia. Admitió que "desde Convergencia o el Palau, no recuerdo, nos pidieron que elaborásemos facturas para Convergencia pero giradas al Palau en conceptos no relacionados con los trabajos hechos para el partido. Se escudó en sus atributos de consejero delegado para mostrar plena ignorancia de quién había llamado a su empresa y quién era el enlace con el partido. Todo dependía de la directora comercial, Mari Carmen Mateu, ya fallecida. Dijo mostrarse arrepentido por su falta de control, aunque admitió saber que la manera para agilizar los cobros de Convergencia era facturar al Palau.

Juan Manuel Parra, responsable de la empresa Hispart (dedicada a proporcionar material para celebración de actos públicos y mítines) fue el siguiente en comparecer. La empresa trabajaba habitualmente para Convergencia. Reconoció lo mismo, la falsedad documental de la que se les acusa. Es decir, que prestaban servicios al partido pero le cobraban al Palau. Parra habló de Torrent, tesorero fallecido, y de Jordi Montull, con quienes trataba el procedimiento de cobro. También trató con Daniel Osàcar, de quien dijo que aseguró no estar al corriente de los trabajos realizados, pero le remitió al Palau.

Mas y Gordó, el "conseguidor"

Fuera de la sala de la Ciudad de la Justicia, el gestor cultural Joan Llinares, que se hizo cargo de la administración del Palau tras los registros en verano de 2009, declaraba a Catalunya Ràdio que lo dicho por Millet, su mano derecha, Montull, y la hija de este, Gemma Montull, "coincide con la documentación aportada en el Juzgado cuando nos hicimos cargo del Palau". Mas, por su parte, insiste en que todo es una operación política destinada a acabar con su carrera política y que Millet y Montull mienten para obtener un trato judicial preferente. También ha vuelto a poner la mano en el fuego, en este caso por Germà Gordó, exgerente del partido, exconsejero de Justicia de la Generalidad, diputado de Junts pel Sí y al que la Fiscalía Anticorrupción califica de "conseguidor".

El cerco judicial y policial sobre la cúpula de Convergencia, ahora PDeCAT, provoca tensiones en el Gobierno de la Generalidad, en el grupo parlamentario Junts pel Sí (CDC y ERC) y hasta en el seno de la formación nacionalista, algunos de cuyos jóvenes valores cuestionan que Mas aspire a la candidatura en las próximas elecciones tras las contundentes confesiones de Millet y los Montull. El expresidente autonómico y Germà Gordó deberán comparecer en el Parlament ante las gruesas revelaciones en sede judicial.