En el Parlamento andaluz, presidido por el socialista Juan Pablo Durán, se ha "esfumado" una denuncia registrada oficialmente por el testigo protegido por la juez Alaya, el funcionario Teodoro Montes, que tenía como destino la Presidencia y la Comisión de Investigación que desde más de un año investiga el caso del fraude de la formación. Ningún grupo recibió la denuncia, salvo el PSOE.
El escrito, que fue presentado y sellado el pasado 21 de diciembre de 2016 por el funcionario acosado y protegido judicialmente debido a las presiones que sufría, denunciaba la merma de los medios y personal que la Junta de Andalucía había perpetrado en su Departamento de control, que pasó de 45 técnicos a cuatro.
Como el escrito no llegó a ningún grupo parlamentario salvo al socialista, ni tampoco a los diputados de la Comisión de Investigación, el funcionario ha tenido que volver a registrar otro escrito con fecha 7 de marzo de 2017, que, hasta el momento, tampoco ha llegado a los destinatarios.
En el primer documento, el funcionario informaba a la Comisión de Investigación sobre el curso "Organización, gestión y función de laboratorio multidisciplinar en la industria agroalimentaria" que fue tema estelar en su comparecencia ante la Comisión del pasado mes de abril. No tuvo respuesta sobre tal informe.
En el segundo documento, el empleado público vuelve a reproducir el primer informe y denuncia cómo se le han retirado las competencias sobre el control de los cursos de formación y mostraba su sorpresa porque que no se hubiera remitido toda la información por él facilitada a los grupos parlamentarios que componen la comisión de investigación.
De hecho, subraya ABC, la Delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo reestructuró en noviembre de 2016 el servicio de formación para el empleo. Pero el que dirige el testigo protegido por la juez Alaya se vació de contenido. Ahora sólo debe gestionar y tramitar las acciones formativas. Nada de controlar ni inspeccionar que era habitualmente su cometido anterior.
Rarezas y sospechas
La primera rareza es que, como cuenta El Mundo, desde el gabinete del presidente del Parlamento se diga que el escrito había sido desviado directamente por el propio Registro a la Comisión de Investigación, algo extraño porque de los escritos registrados en la cámara tiene que tener conocimiento el presidente del Parlamento.
O sea, que el escrito lo habría revivido el diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión, Julio Díaz, pero éste niega que haya recibido el documento ni cuando fue registrado ni después.
Por si fuera poco, la infatigable diputada del PP, Teresa Ruiz-Sillero desveló este jueves que, sospechosamente, hay un salto de los números que relacionan los escritos que llegan a la Cámara, algo inaudito que "nadie en el Parlamento ha sabido explicar".
Recuérdese que Teodoro Montes denunció acoso de la Junta, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por "mobing" en 2012. Vuelven a producirse los comportamientos agraviantes por los que reclama amparo y que cese de nuevo el acoso laboral.
Toda la oposición andaluza, PP, Podemos e IU, e incluso Ciudadanos, partido que sostiene el gobierno de Susana Díaz, han considerado los hechos como graves y anuncian que pedirán explicaciones en la reunión de la comisión de investigación del Parlamento andaluz, convocada este próximo lunes para debatir el dictamen final.
Extrañamente, a pesar de la afirmación del presidente de la Comisión de que no ha recibido el informe del funcionario acosado, Rodrigo Sánchez Haro, miembro del PSOE en dicha comisión de investigación, aseguró ayer que el escrito lo han recibido todos los grupos, algo que todos niegan. Curiosamente, este mismo jueves fue cuando llegó el primer documento registrado al grupo de Podemos, dos meses y medio después de haberse registrado.