La Delegación del Gobierno en Madrid recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia el acuerdo alcanzado entre Ahora Madrid y el PSOE por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. La creación de esta Oficina, según el informe de la Abogacía del Estado, vulneraría 10 artículos de 6 leyes, así como otros 5 de la Constitución Española.
En una nota de prensa, el organismo dirigido por Concepción Dancausa señala que el artículo 4 de dicho reglamento establece que "estamos ante auténticas funciones de investigación y comprobación que por su propia naturaleza suponen el ejercicio de una potestad imperativa". Estas funciones de inspección y comprobación "afectan al ámbito de las competencias de los órganos municipales (Intervención General e Inspección General de Servicios) a los que conforme a la ley les corresponde la inspección, supervisión o control de la actividad municipal", subraya.
"Por tanto – explica la Delegación del Gobierno- estaríamos ante un órgano que duplicaría las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de estos". Pero no solo esto. Esta Oficina "podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal", es decir, las competencias asignadas a los jueces, fiscales o policía judicial, "hasta que no tuviera conocimiento por parte de ésta de la existencia de una investigación judicial".
Sobre la propia composición de la Oficina Antifraude, la Delegación del Gobierno pone de manifiesto que "no se exige que el director y los vocales que integran el Consejo Asesor o el personal al servicio de la Oficina tengan la condición de funcionarios de carrera, contraviniendo de esta forma lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 92.3) y en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2) que atribuyen en exclusiva a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen el desarrollo de potestades públicas o el ejercicio de autoridad".
Además, en cuanto a la figura del director, "los criterios fijados por los candidatos son indeterminados sin que respondan a los principios de mérito y capacidad exigidos por el artículo 103.3 de la Constitución".
Con este recurso contra la Oficina, Dancausa "quiere defender los derechos del personal municipal, que sería sometido a un control de su actividad que no cumple con las previsiones recogidas en la ley y que en este sentido supone una vulneración de sus derechos en comparación con el personal al servicio en las administraciones públicas".
"Nunca tuvo una actividad tan frenética"
Preguntada por este asunto en la rueda de prensa habitual de los jueves -tras la Junta de Gobierno-, Rita Maestre contestó irónicamente: "La Delegación de Gobierno nunca tuvo en la ciudad de Madrid una actividad tan frenética ni constante. Los funcionarios deben estar sobrepasados". La portavoz del Ejecutivo de Manuela Carmena pasó entonces a hablar de la corrupción del PP. "Hay papeles secretos que apuntan a la financiación irregular del PP. Es decir, vivimos en una comunidad que ha estado gobernada por un partido que es el único imputado por corrupción". "Aunque no seamos el PP es bueno ponerse esos mecanismos de protección".
Maestre también se explayó hablando de Esperanza Aguirre cuando se le preguntó por ello. La portavoz municipal cree que es de "sentido común" que la portavoz del Grupo Municipal Popular y expresidenta del PP madrileño aporte "más explicaciones" sobre los "casos masivos de corrupción" surgidos a su alrededor, de los que siempre ha asegurado no conocer, algo que tildó de "poco creíble".
Llamó la atención que Rita Maestre respondiera a esta cuestión pues, como ella misma se encarga de señalar siempre a los periodistas, en la rueda de prensa de los jueves únicamente se deben abordar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Pero la portavoz lo justificó diciendo que el año pasado la Guardia Civil entró en la consejería de Economía, gestionada en la anterior legislatura por Dancausa, "para pedir entre once y quince contratos que formaban parte de esta red".
"El reglamento es ilegal"
El recurso que interpondrá la Delegación del Gobierno se suma al ya interpuesto por el grupo municipal del PP. "Nos alegramos de que Delegación de Gobierno vaya a hacer lo propio ante un informe de la Abogacía del Estado", declaró Percival Manglano. En opinión del concejal popular, el organismo se basa en un "reglamento ilegal, porque vulnera no sólo leyes, sino también derechos constitucionales de los funcionarios, en particular, y de los empleados públicos, en general". "El Gobierno de Ahora Madrid no quiere que la Oficina Antifraude sea independiente, sino que esté sujeta a los intereses políticos del Gobierno de Carmena y sus aliados del Partido Socialista".
🎥 El vídeo que los concejales de Carmena se negaban a ver hasta que hoy se lo hemos puesto en el Pleno para explicar la Oficina Antifraude. pic.twitter.com/zpmwOOEEeN
— Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) February 28, 2017
De la misma opinión es Ciudadanos. Su portavoz municipal recordó que su partido presentó una propuesta de oficina que fue rechazada por Ahora Madrid y el PSOE "porque C´s proponía que el órgano de control no fuese controlado por el Pleno del Ayuntamiento" e hicieron su propuesta donde "queda claro que quieren controlar al órgano que está destinado a controlarles a ellos", señaló Begoña Villacís. "Uno no puede controlar a quien está destinado a controlarle".
Además, "ya destacamos que tenía muchas deficiencias y que dejaba indefensos a muchísimos funcionarios", algo que también denunciaron los sindicatos. "Las intenciones son claras: controlar a quien controla, no ser en absoluto transparentes, dejar expuestos a los funcionarios públicos en los que no confían. No creemos en esta Oficina Antifraude", concluyó Villacís.