La juez Patricia Fernández, que investiga la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, confirmó este miércoles su decisión de entregar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una copia de los correos intervenidos a tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para que procedan a su volcado y estudio. Es una decisión avalada por la Fiscalía.
Es más en su informe favorable a la decisión, la Fiscalía destacó el hecho de que altos cargos del gobierno de Susana Díaz hubiesen aceptado una invitación a una recepción organizada por una de las compañías licitadoras, así como que hubieran asistido a reuniones en las sedes de las mismas.
Por ello, la juez, en su reflexión, ha incluido un párrafo en el que dice que, "desde un principio, se viene señalando en la presente causa las estrechas relaciones que pudieran existir entre el grupo de empresas Magtel, vinculado a la familia López Magdaleno, y la administración andaluza y, en particular, con responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de esta investigación, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado como consejero y Luis Nieto como viceconsejero".
Por ello, está claro que la juez sospecha que los más altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo, además de otros, pudieron haber intervenido de algún modo en la decisión de adjudicar los derechos de explotación de ese yacimiento al grupo Magtel y sus socios de Grupo México.
La referencia de la juez a esas "estrechas" relaciones que estos altos cargos pueden mantener con el grupo ganador del concurso, los hermanos López Magdaleno y su grupo de empresas Magtel, parece indicar dudas acerca de que pudiese haberse dado alguna indicación para que ganaran el concurso en detrimento de la empresa competidora Emerita Resource, que fue la que denunció el caso.
Entre los correos intervenidos están los de la actual viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio; su antecesor en el cargo, Luis Nieto, y el interventor general de la Junta, y ex secretario general de Industria, Vicente Fernández. El consejero Sánchez Maldonado se ha librado de la incautación de sus correos por su condición de aforado, aunque en un principio la juez lo incluyó entre los objetivos de la UCO.
La juez, que llegó a archivar el caso, fue desautorizada por la Audiencia Provincia que decidió la reapertura del caso señalando que la Junta de Andalucía se había apartado de las propias bases del concurso confeccionadas por ella dando lugar a "ilegalidades severas y arbitrarias".