"Junts pel Sí", el grupo parlamentario de Convergencia y ERC, ha logrado que la Mesa de la cámara autonómica tramite la creación de una ponencia conjunta que sirva para modificar el reglamento y se puedan aprobar las leyes de desconexión en lectura única. No ha sido fácil para "Junts pel Sí" superar los obstáculos de su incapacidad técnica. En un principio pretendían que fuera la Mesa quien modificara sobre la marcha un orden del día para votar dichas leyes. Los servicios jurídicos del "Parlament" tuvieron que advertir a los responsables del grupo de que cambiar las normas de funcionamiento de la cámara requiere algo más de esfuerzo, una ponencia parlamentaria, por ejemplo.
Subsanado el error de perspectiva, "Junts pel Sí" ha visto satisfechas sus pretensiones y podrá aprobar el nuevo marco jurídico en un tiempo récord, "astucia" con la que afirman que se superará el escollo del Tribunal Constitucional. La tesis es que con esas leyes en vigor se podrá proclamar el nuevo estado catalán y que para cuando el TC pueda reaccionar, ya se habrá producido la desconexión y sus requisitorias no tendrán ninguna validez.
Los grupos de Ciudadanos, PSC, PP y "Catalunya Sí que es pot" se oponen al atajo de "Junts pel Si", que cuenta con el apoyo de la CUP. La oposición apunta a las abruptas formas del bloque separatista y al secretismo sobre la confección y el contenido de esas leyes de desconexión, que afectan a áreas tan sensibles como la recaudación de impuestos (ley de Hacienda) y el abono de las pensiones (ley de Seguridad Social). También está en marcha una ley de transitoriedad jurídica para regular el traspaso de activos y pasivos de la república catalana con el resto de España entre otras cuestiones.
Provocar la aplicación del 155
El calendario en el que se insertan esas normas prevé un referéndum a finales de septiembre y la constitución efectiva del Estado catalán a primeros de 2018. A pesar de que Mas reclama al Estado una oferta de emergencia para evitar el choque y Junqueras es el gran valedor de la operación Diálogo del Gobierno, el grupo parlamentario que sustenta al Ejecutivo de la Generalidad mantiene sus planes. La vigilancia de la CUP no es un acicate menor. Esa sintonía parlamentaria contribuye a rebajar las expectativas de un adelanto electoral, asunto que se reactivará como muy tarde al calor de las sentencias del Tribunal Supremo y del Superior de Justicia de Cataluña sobre el 9-N.
Pero sobre la parte convergente de Junts pel Sí no sólo pende el riesgo de inhabilitación para Mas, sino el juicio del caso Palau por la derivada del 3% y el propio 3% en relación al mantenimiento del sistema de mordidas con Mas al frente del partido y el exconsejero de Justicia, Germà Gordó, como pieza clave, según la investigación. En estas condiciones, crece la impresión entre los convergentes de que es mejor ir al choque y provocar que el Gobierno no tenga más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución, un desenlace entre cuyas virtudes destacan que por fin quedaría salpicado Oriol Junqueras, señalado por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, como responsable máximo operativo del nuevo referéndum.