Ya se señalaron algunos vicios de procedimiento por cuanto la convocatoria de la Junta Directiva regional que debía decidir sobre el Congreso del PP de Andalucía, a celebrar los próximos días 17 a 19 de marzo, fue convocada sin respetar el plazo temporal establecido en los Estatutos del 17 Congreso. Según algunos críticos del PP andaluz, no se respetaron los cinco días preceptivos para dicha convocatoria.
Las decepciones proceden de la agrietada imagen que ofrece el Congreso, que el sector oficial atribuye a la actitud del presidente provincial de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda del ministro Montoro, por si fuera poco. Como ha publicado Libertad Digital, Fernández de Moya se ha negado a renunciar a presentarse de nuevo como candidato a la presidencia de Jaén, aunque la actual dirección del PP andaluz considera que su postura es antiestatutaria.
A esta decepción hay que unir el barullo estatutario originado por una enmienda, que se dijo iba a ser incorporada a los Estatutos porque fue aprobada en el pasado Congreso nacional, pero que no aparecía en el texto estatutario que pendía de la página web oficial del Partido Popular.
Ahora sí aparece. La enmienda es esta: "Los presidentes, secretarios provinciales e insulares del partido sólo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en Parlamentos autónomos y el Senado". Esto es, será incompatible ser presidente provincial del PP y simultáneamente desempeñar un cargo institucional de nivel nacional.
Tal precepto obliga a los presidentes de Jaén, el citado de Moya; al presidente de Cádiz, Antonio Sanz y al presidente de Córdoba, José Antonio Nieto, a no presentarse a la reelección en los congresos provinciales que se celebrarán después del congreso regional. Todos ellos ostentan cargos institucionales de nivel nacional. Además del ya citado de Moya, Sanz es delegado del gobierno en Andalucía y Nieto es secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
El meollo político del caso es que ninguno de los tres es especialmente afín a Juan Manuel Moreno y en sectores del PP se interpreta, lógicamente, que es la oportunidad deseada por el actual presidente del PP andaluz para hacerse con las riendas en tales provincias. Antonio Sanz es un hombre ligado a Javier Arenas. Fernández de Moya va por libre, como ha demostrado, y José Antonio Nieto fue el primer candidato de María Dolores Cospedal para presidir el PP andaluz.
Si a ello unimos que Sevilla está presidida por Juan Bueno, un amigo cercano de Juan Ignacio Zoido; que Almería está presidida por Gabriel Amat, un arenista de toda la vida; que Huelva tiene como presidente a Manuel Andrés González, ligado a Fátima Báñez, del ala liberal de Teófila Martínez y, en su día, de Rodrigo Rato, y que Granada está partida por dos debido a la guerra civil interna entre los partidarios del exalcalde Torres Hurtado y el actual presidente "juanmista" Sebastián Pérez, se puede deducir que Juan Manuel Moreno controla sólo el aparato regional y la provincia de Málaga, si bien tampoco del todo.
No hay más salida que obligar a todos ellos a aceptar el Estatuto del Partido en estricto sentido o disponer tres excepciones a la generalidad, lo que sería un precedente arriesgado e iría precisamente en contra de lo defendido por Juan Manuel Moreno sobre incompatibilidades.
A propósito de las excepciones, Confidencial Andaluz subraya que en las votaciones se ha dado "manga ancha", no se ha exigido estar al corriente de las cuotas y parece haberse asimilado la condición de afiliado a la figura del simpatizante, que no es afiliado ni paga cuotas.
Otra de las ironías es que el congreso, que se ha presentado como el más democrático de la historia, sólo tiene un candidato oficial. Teóricamente son los afiliados los que eligen al candidato, pero es conocido que Juanma Moreno fue ungido por el dedo de Mariano Rajoy antes de su elección. Además, al ser único y pactado por todas las cúpulas provinciales, no puede ser elegido, de hecho, nadie salvo él.
Más decepción añade el hecho de que, a pesar de los llamamientos y de la manga ancha, sólo poco más del 14 por ciento ha sido la tasa de participación en esta elección regional. Esto es, de los más de 100.000 afiliados del PP andaluz sólo se han acercado a las sedes unos 14.000.
Además, el procedimiento de votación es farragoso, complejo y parece promover la inhibición. Para votar, hay que inscribirse previamente en un registro. ABC, que lo describe, añade que hay que rellenar un formulario que se obtiene en las sedes o en la web del PP y luego hay que volver a la sede a entregarlo una vez cumplimentado con quince días de plazo.
Por si fuera poco han aflorado nuevas disensiones, normales en un procedimiento democrático, pero poco habituales en el seno del piramidal PP andaluz. En Sevilla, territorio no controlado por Juan Manuel Moreno, no ha habido unanimidad en la elección de compromisarios por lo que se ha tenido que votar para elegir entre compromisarios de facciones enfrentadas. Ha habido elecciones en nueve distritos y cinco municipios.
Tampoco ha habido acuerdo en Granada, donde ha habido urnas en 17 municipios y ocho distritos de la capital. Incluso en Málaga, provincia de origen de Juan Manuel Moreno, ha habido urnas en cinco municipios.
Además de los 298 compromisarios natos por razón de su cargo en el partido, tienen que elegirse a 1.192 (Almería, 166; Cádiz, 128; Córdoba, 99; Granada, 179; Huelva, 102; Jaén, 141; Málaga 224; y Sevilla 153). Son ellos los que aprobarán las ponencias, para las que el plazo de enmiendas, termina el próximo día 13.