Ciudadanos, el caso Murcia (PP) y el caso Granada (PSOE): dos varas de medir

Ciudadanos ha retirado su apoyo al investigado presidente la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, exige su dimisión y ha anunciado conversaciones con el PSOE y Podemos para resolver la gobernabilidad de la comunidad uniprovincial. Cuando se produjo la ruptura, Sánchez ni siquiera había declarado ante el juzgado correspondiente para responder sobre los delitos que se le imputan, no relativos a su etapa como presidente de la Comunidad, sino al tiempo en que fue alcalde de un pueblo murciano.

Sin embargo, Ciudadanos mantiene en el gobierno de la ciudad de Granada al investigado Francisco Cuenca, al que se le imputan tres delitos contemplados en el Código Penal, malversación de caudales públicos, usurpación de función pública y prevaricación. Pero en este caso, Cuenca ya declaró ante la autoridad judicial el pasado mes de diciembre y el juez no tuvo en cuenta su petición de archivo del caso y mantiene, pues, su condición de investigado/imputado hasta la apertura de juicio oral.

El PP de Granada ha pedido a Albert Rivera que represente a un partido coherente y sensato y que retire de manera inmediata su apoyo al alcalde de Granada, algo que ya no podrá hacer, naturalmente, con la misma rapidez que lo ha hecho en Murcia pues lo sigue apoyando a pesar de los hechos judiciales.

"De lo contrario", dijo Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada, Ciudadanos transmitirá a toda España la impresión de que no es un partido serio "y de que su única intención es respaldar al PSOE a cualquier precio", cosa que por lo demás explicaría por qué el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, mantiene su apoyo a los socialistas contra viento y marea en el Parlamento de Andalucía.

La cadena SER recoge que el grupo popular del Ayuntamiento de Granada se siente "cargado de razones", sobre todo a raíz de que Cuenca declarara ante un juez en Sevilla, para pedir que dejara su cargo y que Ciudadanos se desmarcara del acuerdo de gobierno que lo situó en la Alcaldía el pasado mes de mayo de 2016.

La razón que adujo el portavoz de Ciudadanos en la provincia de Granada, Luis Salvador, para no contemplar una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, del PSOE, judicialmente investigado y ratificado en la imputación tras su declaración ante el juez en diciembre de 2016, es que "no queda claro si estamos hablando de corrupción política o de un hecho administrativo", algo que sí parecen tener muy claro en el caso de Murcia.

Salvador añadió que "nosotros en todos los sitios tenemos una misma vara de medir por mucho que se haya querido cuestionar", pero en el caso del PP de Granada resolvió romper el pacto de gobernabilidad en Granada capital cuando tuvo lugar la investigación del exalcalde José Torres y su exconcejal Isabel Nieto.

El actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, que sucedió a los populares, está imputado, ha declarado ante el juez y se le ha mantenido como investigado estando pues de camino seguro hacia un juicio oral. Pero en el caso del socialista, Ciudadanos cree que puede tratarse de un asunto administrativo y no de corrupción política y no pide la dimisión del alcalde.

Parecería, pues, que el listón se pone en el caso de Granada en la celebración de un juicio oral mientras que en el caso del PP basta con la imputación o investigación, incluso sin declaración judicial, como es el caso del presidente de la comunidad de Murcia. Sin embargo, Luis Salvador insistió en que el límite esté en la imputación, lo que pasa es que en el caso de Granada no ha sido "una imputación muy clara sobre corrupción política" porque de ser así, "con la simple imputación le hubiéramos pedido que se hubiera ido".

No es la primera vez que Ciudadanos en Andalucía utiliza la distinción entre imputaciones por corrupción política o imputaciones por irregularidades administrativas. Ya lo hizo, por ejemplo, en el caso del consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, denunciado por la propia Fiscalía Superior de Andalucía e investigado/imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en cuyo caso tampoco exigió la dimisión.