José María Ruiz-Mateos conoció el éxito con su holding empresarial hasta que el Gobierno de Felipe González le expropió en 1983 Rumasa alegando impagos millonarios a Hacienda. Pasó de presidente del Rayo Vallecano casado con Teresa Rivero, su sucesora al frente del club, a diputado en el Parlamento Europeo gracias a una candidatura con su propio nombre. Y de ahí a prisión, primero por alzamiento de bienes y más tarde por evasión de divisas, fraude y apropiación indebida. Quien fuera incluso marqués de Olivara –título nobiliario de San Marino– falleció en septiembre de 2015 por complicaciones en una operación de cadera. Pero las supuestas irregularidades societarias que diseñó –y las eventuales consecuencias– siguen en los tribunales.
Seis de sus hijos han quedado este martes entre la espada y la pared. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional el escrito de acusación en el conocido como caso Nueva Rumasa, el conglomerado de empresas que sustituyó a la quebrada Rumasa y que recogía firmas como Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano. El Ministeri Público reclama 16 años de cárcel para Álvaro –condenado por dar una paliza a dos hombres–, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Además de los vástagos, se dirige contra otros miembros de la familia, Zolio Pazos y Alfonso Barón, y otros trabajadores del grupo: Manuel Sánchez, José Ramón Romero, Rufino Romero y Ricardo Ávarez.
De acuerdo con el escrito, los hechos se enmarcan entre 2009 y 2011. Con el patriarca a la cabeza, los acusados idearon un sistema de financiación del grupo Nueva Rumasa que supondría una estafa piramidal. Mediante un gran despliegue publicitario en los medios de comunicación, captaban fondos del público bajo la forma de préstamos prometiendo altos intereses. Redirigían ese dinero a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid. En la práctica, procedían a la devolución valiéndose del capital de nuevos inversores y encontraban avales en las sociedades del holding, mientras que disponían del botín para cubrir los cuantiosos gastos personales del clan familiar. Siempre ocultaron la verdadera situación económica a los inversores hasta que el colectivo fue incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.
Y quebró como Rumasa I. La investigación estima que los acusados captaron unos 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los cuales dejaron sin devolver 289 millones, habiendo sido declaradas en concurso de acreedores tanto las sociedades emisoras de pagarés como las avalistas. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias. La Fiscalía atribuye el alzamiento de bienes a los hermanos Ruiz-Mateos y a Ángel de Cabo –con sus colaboradores Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada– por la venta de urgencia de Nueva Rumasa para controlar los concursos de acreedores y salvaguardar en lo posible el patrimonio familiar.
