Es sabido que Convergència no ha desaparecido. El partido no sólo ha mutado en el "Partit Demòcrata Europeu de Catalunya" (PDECat, PDEcat, Pedecat o PDeCat, como le gusta a Marta Pascal, su coordinadora) sino que mantiene una célula en estado vegetativo con las viejas siglas y tres cargos. Jacint Borràs, amigo de Pujol, cofundador del partido y padre de la consejera de Gobernación y días de asuntos propios de funcionarios, es el presidente. Los otros dos son Rosa Olóndriz, defensora de la militancia, y Carles del Pozo, responsable de finanzas y exsecretario del patronato de la fundación CatDem a través de la cual se vehiculaban los pagos de los empresarios que pretendían acceder a la bolsa de adjudicatorios de la Generalidad.
La Convergència original está vinculada con el PDEcat a través de un acuerdo jurídico de transitoriedad a fin y efecto de no perder las subvenciones electorales y las cuotas audiovisuales. Es decir, para no perder los derechos económicos derivados de las últimas elecciones y que no le corresponderían al PDEcat si fuera algo más que unas nuevas siglas para huir del estigma de la corrupción.
A pesar de las importantes vías de ingresos debidas a mantener la llama viva, lo que es Convergència no renuncia a cobrar las cuotas de quienes no se han adherido al PDEcat, que pasó de los 25.000 militantes de CDC a 18.000 "asociados" bajo la presidencia de Artur Mas. A esos siete mil de menos, Carles del Pozo en nombre de Borràs y con el permiso de la "defensora del militante" les exige estar al corriente de pago de sus cuotas de militante convergente. O se dan de baja o pagan. Muchos de ellos han optado por advertir en sus entidades financieras que rechacen los recibos de CDC.