El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, no recurrirá las medidas cautelares impuestas a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, pero sí propondrá a la Fiscalía del Tribunal Supremo que recurra la sentencia de esta causa porque la Audiencia de Palma no ha apreciado malversación.
Horrach se ha mostrado partidario de recurrir ante el Supremo la sentencia del caso Nóos, que solo condenó a 7 de los 18 acusados (únicamente tres de ellos con penas que implicarían el ingreso en prisión), a penas que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel, cuando él había solicitado condenas que sumaban 107 años.
Los tres condenados con penas de prisión por la sección primera de la audiencia provincial por varios delitos de corrupción son Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses de prisión y su exsocio Diego Torres a 8 años y 6 meses y el exministro y expresidente balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses.
Horrach considera que hay indicios de malversación, algo que la sala desestimó al entender que fue plenamente justificado el precio de los tres foros que organizó el Instituto Nóos en Valencia por 3,5 millones como los dos celebrados en Baleares por 2,1 millones. La malversación lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años, ha recordado.
El fiscal del caso no tiene competencias para interponer recurso de casación ni para decidir los motivos por los que se presenta, por lo que elaborará un informe para proponer a la Fiscalía del Supremo la interposición del recurso y detallará los motivos por los que considera que la sentencia debe modificarse.
Horrach basará su propuesta en dos ejes: "El hecho de que la sala no haya declarado probado el delito de malversación y que no haya declarado probadas determinadas falsedades tanto en documento público como en documento mercantil".
Considera que en ambas comunidades se da malversación y sobre las absoluciones de la rama valenciana ha indicado que la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) se debió someter a la normativa de contratación pública en negocios con terceros, algo que no contempla la sentencia.
En cuanto a la falsedad, el representante del ministerio público considera que los documentos que él cuestiona formaron parte de un procedimiento administrativo y por tanto surtieron efectos en el mismo.
Horrach ha anunciado que no recurrirá las medidas cautelares que acordó la Audiencia de Palma, aunque las juezas se opusieron a su petición de prisión provisional para Urdangarin con fianza de 200.000 euros, y para Torres con caución de 100.000.
"En algún momento se tiene que poner fin a los conflictos y creo que en este caso no es necesario insistir", ha declarado Horrach en declaraciones a Efe. Considera que la sala que juzgó el caso ha adoptado una decisión "plenamente legítima y respetable aunque no se comparta", al mantener en libertad a Urdangarin, con comparecencias mensuales en Suiza, y también a Torres, a quien han retirado el pasaporte. "Creo que hay que poner punto final ya al conflicto", ha añadido.
También el Gobierno balear ha anunciado que recurrirá la sentencia de Nóos con la intención de recuperar el dinero destinado al instituto que presidía Urdangarin.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma reclamó en el juicio 2.650.566 euros, lo que pagó el Gobierno al Instituto Nóos para gestionar la oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears y la organización de los dos IB Forum de 2005 y 2006.
La sentencia estima en concurso una malversación de 445.000 euros que se destinaron para la creación de un observatorio y un plan estratégico en el marco del segundo foro, por tratarse de unos servicios que no se prestaron.
El tribunal también consideró que el Gobierno balear abonó a Nóos otros 174.000 euros por la oficina del equipo ciclista que debía haber abonado una empresa, por lo que cifró en total la responsabilidad civil a abonar por los condenados al Gobierno regional en 619.000 euros.
Las partes disponen todavía de varios días para anunciar a la Audiencia de Palma la presentación de recursos, ya que el plazo de cinco jornadas hábiles se abrirá cuando concluya la notificación personal de la sentencia a todos los condenados y absueltos, que aún no ha sido confirmada.