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La filtración de la cita secreta con Rajoy acaba con Puigdemont

Bronca en el Govern y en Junts pel Sí: ERC ajusta cuentas con los convergentes, que dan por amortizado a Puigdemont.

Junqueras y Puigdemont en el escaño | EFE

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, anunció el 5 de enero que no se presentaría como candidato en las próximas elecciones autonómicas. Seis días después se reunía con Mariano Rajoy en la Moncloa. El encuentro en Moncloa sirvió para poner de manifiesto la inmutable posición del frente separatista. Referéndum o referéndum. Puigdemont no se salió del guión acordado por su partido con ERC y la CUP. Su margen de maniobra emparedado por Mas y Oriol Junqueras era nulo.

Rajoy no debió tardar en comprender que los esfuerzos negociadores con Puigdemont estaban abocados a la melancolía y el fracaso. El presidente de la Generalidad no era el hombre adecuado para una reunión de "máximo nivel". Que hubiera anunciado su retirada y la reaparición en escena de Artur Mas lo habían convertido en un presidente florero, un mero recadero institucional.

El juicio por el 9-N acabó de confirmar las sospechas. Mas nunca se había ido. Ni siquiera, como declarara tras ser vetado por la CUP, había dado un paso al lado. La comparecencia en el Palacio de la Generalidad tras quedar el caso visto para sentencia mostró a las claras la existencia de dos presidentes. Dos atriles iguales con el escudo de la Generalidad, dos senyeras y dos hombres que reciben el trato de president mostraban al público una confusa bicefalia.

El papel de Puigdemont quedaba todavía más oscurecido en favor del resurgir de un Mas que ya no se preocupa por mantener las apariencias en relación a su "sucesor temporal". Tampoco la actividad de Oriol Junqueras, el vicepresidente y teórico número dos del Govern, ayuda a preservar la figura del president.

La puntilla ha sido la filtración de la reunión secreta en La Moncloa, un torpedo en la credibilidad de un Puigdemont que pretendía haber engañado a todo el mundo por la insistencia con la que desmentía que se hubiera reunido con Rajoy y la persistencia en el argumento de que el Gobierno se negaba a dialogar. Puigdemont es la última víctima de un proceso que vuelve a estar en disputa entre Mas y Junqueras, un peón menos en el tablero.

El papelón de Munté

La portavoz del ejecutivo catalán, Neus Munté, jura que Puigdemont no le había informado de la reunión, que el president la ha engañado y que por eso este martes negó por activa y por pasiva lo que Enric Millo, el delegado del Gobierno, había sugerido el domingo y el líder del PSC, Miquel Iceta, había confirmado de forma un tanto críptica esa misma mañana. En su entorno aseguran que ha estado a punto de dimitir.

En el PDeCAT son mayoría quienes dan por amortizado a Puigdemont tras su chapucera gestión de las relaciones con el Gobierno.

Por su parte, los consejeros de la cuota de ERC no disimulan su satisfacción ante el hecho de que Puigdemont haya quedado desenmascarado después de las críticas y el desgaste derivados de la estrecha relación entre su "jefe" Oriol Junqueras y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El ambiente es igual de áspero en el grupo parlamentario conjunto, donde los recelos y sospechas se han agudizado y todo el mundo se acusa de negociar a espaldas de los socios.

La comisión de Tardà

La inclusión de Joan Tardà, el portavoz junto a Gabriel Rufián de ERC en Madrid, en la comisión de secretos oficiales el Congreso también es objeto de suspicacias. En el PDeCAT se interpreta como un premio del PP por el "talante dialogante" de Junqueras.

De momento, la CUP se mantiene en calma. Han renunciado a exigir la comparecencia de Puigdemont en el Parlament por las confesiones del exsenador de ERC Santiago Vidal y han renunciado a preguntar en la sesión de control por la cumbre secreta. Sin embargo, no es en absoluto descartable que las mentiras de Puigdemont, su renuencia a admitir el diálogo y el parapeto de que no hay "negociaciones" reabran el debate sobre el apoyo a un gobierno regional que en lugar de supeditarse a la consigna de la desobediencia se somete al "marco estatal".

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