Ciudadanos no da su brazo a torcer en Murcia, donde en los próximos días se producirá una reunión de los representantes centristas con los del PP, para buscar una solución a la crisis creada tras conocerse esta semana la imputación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Auditorio. Las posturas siguen enfrentadas, pues Sánchez se niega a dimitir, el PP le respalda y la formación naranja asegura que la renuncia debe producirse ipso facto, como aseguraba este martes el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Albert Rivera, por su parte, lanzó este miércoles una velada amenaza a los populares: "Sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP", señaló , en referencia a la reunión que en los próximos días mantendrán representantes de ambos partidos, y en la que Ciudadanos insistirá en la necesidad de encontrar un sustituto dentro de las filas populares, que obviamente no esté imputado, para seguir manteniendo al gobierno de esa comunidad.
Sin embargo, de las palabras del portavoz del PP, Rafael Hernando, queda claro que no piensan atender a la petición de Ciudadanos: "Vamos a ver si somos capaces de no cambiar cada día de opinión. Si delito de corrupción implica que haya enriquecimiento ilícito, separemos lo que son delitos de corrupción de otros asuntos que tienen que ver con decisiones de ámbito administrativo y en las que no ha habido enriquecimiento, que yo sepa, o no está demostrado", razonó.
Todos los portavoces del PP que dieron la cara ante los medios arroparon a Sánchez, en línea con la estrategia marcada por Mariano Rajoy. "No es lo mismo meter la pata que la mano", llegó a afirmar Fernando Martínez-Maillo, el nuevo coordinador general. "Nadie le acusa de llevarse ni un solo euro", insistió, después de mantener varias conversaciones con el barón regional. "No es el momento" de pedir responsabilidades políticas, se volvió a mojar Rafael Catalá, a pesar de que la oposición critica la conversación que mantuvo con Sánchez antes las últimas novedades judiciales sobre el caso Púnica, informa Pablo Montesinos.
Precisamente, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá en el Congreso para explicar si ha habido presiones políticas para no imputar al presidente de Murcia, según acordó la Mesa de la Cámara Baja. En el Senado quien dará explicaciones será Catalá, tal y como decidió finalmente el PP, con mayoría absoluta.
Podemos aprieta a Rivera
La imputación del presidente murciano cogió con el pie cambiado a Ciudadanos, cuya portavoz nacional, Ines Arrimadas, anunciaba el lunes, tras la Ejecutiva del partido, el inicio de la "semana contra la corrupción". Hacía referencia, cuando aún no se había producido la imputación de Sánchez, a la propuesta de Ley Integral contra la corrupción que este mismo martes Albert Rivera ha defendido en el pleno del Congreso.
La iniciativa va a ser admitida a trámite con un amplio apoyo de la cámara baja (el PNV ha sido el único grupo que ha votado en contra) no exento de duros reproches de PP, PSOE y Podemos que Rivera encajaba en su escaño con gran enfado de su grupo parlamentario, muchos de cuyos miembros se mostraban posteriormente atónitos por los ataques.
Los socialistas y los podemitas le reprochaban el "oportunismo" de la iniciativa, por considerar que se solapa con la subcomisión de corrupción creada esta legislatura, que preside precisamente Toni Cantó, y con iniciativas como la supresión de los indultos a políticos corruptos que el PSOE ya ha llevado recientemente a la cámara. El diputado de Podemos, Juan Pedro Yllanes, no perdía la ocasión de hacer referencia a Murcia, para pedirle al líder centrista que respaldase una moción de censura contra el Gobierno popular de esa región: "He escuchado al señor Girauta diciendo que van a pedir la dimisión. Y yo me pregunto: ¿Serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura?" Se interrogaba Yllanes, que remataba su intervención pidiéndole a Rivera un "compromiso verdadero, y no una excusa para que usted siga chupando cámara".
Fuentes del grupo de Ciudadanos recuerdan que fue en septiembre cuando presentaron la Ley Integral, que plantea, entre otras medidas, una protección especial de los denunciantes a través de una Autoridad Independiente de Integridad Pública; que los partidos y sindicatos sean responsables subsidiarios de los escándalos que les afectan o la tipificación como delito del enriquecimiento ilícito. Ha sido ahora cuando, por el cupo parlamentario, el grupo naranja ha podido llevarla al pleno. La norma también establece la suspensión de los cargos públicos contra los que se haya abierto juicio oral, un requisito más laxo que el de la mera imputación, pero factible legalmente.
El debate de este martes marca una tónica que puede ser habitual durante toda la legislatura: la izquierda de la cámara reprochando a Ciudadanos su respaldo al PP cada vez que el partido naranja lleve una iniciativa sobre corrupción.