En plena escalada de agresividad verbal del nacionalismo catalán contra jueces y fiscales, el Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado la anulación del pleno del parlamento catalán que el pasado mes de octubre aprobó la denominada "hoja de ruta" separatista y ha dado luz verde a la Fiscalía para actuar contra la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, y a otros cuatro miembros de la mesa, tres de Junts pel Sí, el vicepresidente primero, Lluís Corominas (convergente) y las secretarias primera y cuarta, Anna Simó (ERC) y Ramona Barrufet (CDC), y el secretario tercero, Joan Josep Nuet, de "Catalunya Sí Que Es Pot", la versión catalana de Podemos en el "Parlament".
La resolución adoptada por el pleno del TC será notificada no sólo a los directamente afectados sino también al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, para que se abstenga de realizar trámite alguno en favor de la convocatoria de un referéndum. Con la decisión del alto tribunal, Forcadell ya tiene dos expedientes judiciales abiertos puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió investigarla por permitir la votación de las conclusiones de la comisión parlamentaria del "proceso constituyente" en otra agitada sesión parlamentaria en la que Ciudadanos y el PP se ausentaron del hemiciclo.
"Judicialización de la política"
Para el catalanismo, llueve sobre mojado y la decisión del TC viene a confirmar su "relato" sobre la "judicialización de la política" por parte del Gobierno del PP. El expresidente de la Generalidad Artur Mas quiere ser el próximo candidato convergente a la presidencia de la Generalidad. Carles Puigdemont, el repuesto de última hora tras el veto de la CUP a Mas, ya ha dejado claro que cederá gustoso los trastos a su patrocinador. El juicio del 9-N ha sido para Convergencia, ahora PDEcat, la rampa de lanzamiento de la candidatura de Mas, que podría eludir el efecto de una condena de inhabilitación en el TSJC con un recurso al Supremo que dejaría en suspenso el fallo.
El pinchazo de manifestantes del primer día del juicio, el pasado día 6, y la estrategia judicial de su abogado defensor, Xavier Melero, provocaron una cierta inquietud en el seno de Convergencia y duras críticas por parte de ERC y la CUP que Mas ha volteado con una ofensiva de propaganda y batasunización mediática. Así, combina el alegato de inocencia (no desobedeció al Tribunal Constitucional sino que "planté cara al Estado") con una cascada de duros ataques contra el sistema judicial amplificadas por los medios afectos a la causa "soberanista".
La fiscal, "nominada"
Lejos de condenar los insultos a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, por un grupo de separatistas concentrados a las puertas del TSJC durante el juicio del 9-N, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, el propio Mas y TV3 han intensificado su campaña contra jueces y fiscales. La fiscal está en la diana y sería una de esas personas incluidas en la lista de depurables que el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal confesó haber elaborado en comandita con el consejero de Justicia autonómico, Carles Mundó.
A primera hora del martes, Magaldi convocó a los medios para denunciar los insultos recibidos en la penúltima sesión del juicio por el 9-N. Mientras bajaba por las escalinatas del TSJC, un grupo de separatistas empezó a llamarla "fascista", "hija de p..." y "mierda española". A cada insulto, Magaldi se paraba y miraba al grupo de radicales. Los agentes de los Mossos d'Esquadra que hacen guardia a las puertas del tribunal (y que se cuadraban ante los acusados y daban la mano a Mas) permanecían impertérritos mientras un chorreo de groserías caía sobre la fiscal.
Uno de los fanáticos corrió hacia Magaldi, se plantó ante ella y le gritó a la cara la consigna procesista "¡nos condenáis por poner urnas!". La fiscal temió por su integridad física, pidió la ayuda de un mosso y cuando vio que el sujeto (entrevistado y ensalzado en El Nacional, periódico digital del exdirector de La Vanguardia José Antich) no llevaba ningún objeto contundente en las manos, le respondió que la fiscalía no condena, sino que acusa.
"Libertad de expresión"
La portavoz del "Govern" Neus Munté ha declarado que no consta parte alguno de los Mossos sobre el caso y que de lo visto en TV3 "no hay nada que exceda de los límites de la libertad de expresión". La televisión autonómica ha hecho casus belli del asunto y presentadores y tertulianos acusan a Magaldi de haber mostrado una "actitud provocadora". Exhiben constantemente las imágenes en las que la fiscal abandona el TSJC con un cigarrillo en la mano y se detiene unos instantes para mirar a la cara a quienes la insultan. El "cara a cara" con el sujeto que la persiguió, llamado Lucas Senollosa, según El Nacional, no fue registrado por las cámaras de TV3.
Tras la rueda de prensa de Magaldi, en la televisión autonómica se ha insistido en que la fiscal mostró una actitud impropia, que no debería haber mirado a quienes la insultaban y que lo mejor hubiera sido que abandonara el lugar a toda prisa. En definitiva, que Magaldi chuleó a los concentrados en favor de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.
El Colegio de Periodistas, contra Magaldi
En una charla ante estudiantes en la Universidad Pompeu Fabra, Mas añadió a la tesis de Munté que "el Estado intenta presentar el soberanismo como violento" cuando en realidad es un "movimiento cívico y pacífico". Las extensiones mediáticas del nacionalismo presentan a fiscales y jueces como unos mayordomos del Gobierno que además no respetan la "autoridad" de Mas ni el "mandato democrático" del "pueblo catalán. El Colegio de Periodistas ha llegado a emitir una nota de protesta porque Magaldi no admitió preguntas en la rueda de prensa y columnistas y tertulianos independentistas especulan sobre su sesgo conservador y su afán de protagonismo a tiempo que califica el incidente de "supuesto".
En el peor de los casos, un hecho aislado, como la agresión a dos seguidoras de la selección española, los ataques a las sedes de C's y el PP, el bofetón al dirigente de Ciudadanos en Hospitalet, el ataque en la Universidad Autónoma contra unos estudiantes de Sociedad Civil Catalana, etcétera, etcétera.
Mas dispone del favor de los medios catalanes. El pasado viernes, cuando el juicio quedó visto para sentencia, llamó a capítulo a los directores de los cuatro diarios impresos que se editan en Barcelona. El escenario era TV3 y la ocasión, grabar un programa que se emitió el domingo por la noche. Se trataba de entrevistar a los acusados. Al poco de empezar, la conductora abrió el turno de los directores con la petición de un titular.
Editorial conjunto
Màrius Carol, director de La Vanguardia, dijo que "no se puede apartar a nadie de la vida política". Esther Vera, titular del diario Ara, dio dos titulares. El primero, "juicio político a las urnas de cartón". El segundo, "menos ortodoxo" según advirtió, "leguleyos contra equilibristas". Era una velada crítica a la estrategia judicial masista de reconocer al tribunal. Enric Hernández, de El Periódico, dijo que se trataba de "juicio preventivo" debido a "la dirección del proceso en los próximos meses" y el representante de El Punt Avui afirmó que se trataba de un "juicio innecesario".
Antes de la vista, en medios políticos y periodísticos catalanes se intentó organizar un editorial conjunto en contra de la dicha "judicialización de la política" como el que publicó toda la prensa catalana cuando el Constitucional falló contra el "Estatut" del tripartito en 2010. No fue posible, pero Mas logró por vía indirecta que se le cuadraran los directores en la televisión pública catalana en un juicio paralelo y con un mensaje unitario: Mas no debe ser condenado porque su juicio es político, preventivo y, además, innecesario, dado que el proceso sigue adelante.
Convergencia ha provocado el choque de trenes. Mas pretende una condena que haga que su partido remonte tras la paulatina pérdida de votos a favor de ERC en las últimas convocatorias electorales. Tiene a su disposición a Puigdemont, convertido ya en mera correa de transmisión, y un sistema mediático monolítico que difunde sin fisuras ni matices la versión del mártir frente a fiscales y jueces títeres de un Estado encarnado en funcionarios "fascistas".