Julio Díaz, diputado de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y presidente de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades de la formación para parados de la Junta de Andalucía, ha ajustado casi exactamente sus conclusiones a lo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular la juez Núñez Bolaños, ha decidido: no hay fraude organizado ni trama política y, aunque hay responsabilidad de Chaves y Griñán, es meramente política por no haber atajado el "caos" y las irregularidades administrativas en la concesión de subvenciones. Por ello, no deben ser imputados, al menos por ahora.
Susana Díaz ha sido dejada al margen de toda responsabilidad pese a la intervención estelar que tuvo no facilitando de manera inmediata a los diputados los informes de los ocho Interventores provinciales de la Junta, informes que publicó en exclusiva Libertad Digital. Todo ellos hacían hincapié en numerosas irregularidades, que necesariamente conocía la presidenta de la Junta.
Con ésta, ya es la segunda vez que, de algún modo, la presidenta andaluza y aspirante a ocupar la secretaría general del PSOE, sale airosa mientras se pone, si bien de manera menos grave que en el caso ERE, a los expresidentes Chaves y Griñán, además de muchos altos cargos de la Consejería de Empleo y otras, a los pies de los caballos.
Según lo que se conoce del dictamen entregado este lunes tras un aplazamiento inesperado la semana pasada que es cuando debió hacerse presentado en el Parlamento, Chaves y Griñán son responsables de haber nombrado a quienes en las diferentes Consejerías implicadas, y sobre todo, en el Servicio Andaluz de Empleo, tuvieron que ver con la concesión de los cursos de formación para el empleo entre los años 2002 y mayo de 2012, hasta que Susana Díaz, en el gobierno andaluz desde 2013, suspendió la subvención a cursos de formación.
Manuel Chaves aparece como más responsable que nadie porque su mandato coincide con el período de auge de las irregularidades y porque eligió a quien las perpetró y no vigiló sus acciones. Griñán sólo es considerado responsable de elegir, pero no de no vigilar.
Aunque no se nombra a nadie más, el dictamen habla de irregularidades que son responsabilidad de los titulares de las Consejerías, de los viceconsejeros, de los directores generales, los secretarios generales de las Consejerías, sus delegados provinciales y los responsables del Ente conocido como Servicio Andaluz de Empleo y sus delegaciones provinciales. Esto es, se refiere de hecho a una estructura jerárquica que hace increíble que actuara casualmente y sin relación de unos con otros.
En el informe, se habla de 49,5 millones de fondos de formación procedentes de la Unión Europea que no pudieron ser justificados, que se crearon empresas para hacerse con las subvenciones, que muchas veces no se cumplieron los compromisos de contratación y que algunos de los dineros destinados a formar parados fueron empleados en "mariscos y comidas", destaca ABC.
Sin embargo, el dictamen sólo observa descoordinación, desórdenes e incidencias e incluso falta de agilidad y celo o escasez de medios especialmente en relación con el trabajo de la Comisión de Investigación. Aludía con ello a la negligencia de Luciano Alonso, exconsejero del ramo y actualmente pendiente de sentencia del TSJA por haber colocado irregularmente a unos amigos del PSOE.
Es más, alude expresamente a que no se ha observado menoscabo de fondos públicos como dejó claro el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, y curiosamente, el informe cita el testimonio del ex interventor general de la Junta, Adolfo José García Hernández, que sí advirtió del riesgo de menoscabo de fondos públicos en 2015 en un informe de actuación, de obligatoria atención por parte de la Junta de Andalucía. Hay al menos otro testimonio, este judicial, el del Interventor de la Junta en Huelva, que advierte de lo mismo. Pero esa grabación es la denuncia el PP que no ha recibido del juzgado de la juez Núñez Bolaños y ella niega.
El dictamen reconoce también que apenas se ha reintegrado dinero derivado de las irregularidades observadas. Se dice que se han recuperado sólo 7,6 millones de euros de los 90 reclamados, un 8,5 por ciento, que representa sólo el 1,4 de las cantidades pendientes de justificación.