La maraña del caso del fraude de los cursos de formación: sorpresas y misterios

Tras la salida de Mercedes Alaya del juzgado que instruye el caso y su despiece en nueve sumarios diferentes por decisión de su sustituta, la juez Núñez Bolaños, el caso de corrupción relativo al fraude de los cursos de formación que se extiende a toda Andalucía, es una gran maraña donde abundan las sorpresas y los misterios.

La semana pasada que los grupos parlamentarios presentes en la misma acordaron, con el único voto en contra del PP, modificar el calendario previsto para la presentación del dictamen, que corre a cargo del presidente de la Comisión, el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz. Le venía bien a Susana Díaz para reponerse de su dolor de cabeza sanitario y le venía bien a Ciudadanos porque le permitía celebrar su IV Asamblea nacional sin sobresaltos.

No se explicaba muy bien el motivo de la suspensión, pero al día siguiente la juez Núñez Bolaños lanzaba la andanada más completa y rotunda contra la juez Alaya cuando rechazaba el recurso del PP-A por su decisión de archivar la pieza política del caso del fraude de la formación. De paso, la juez desautorizaba a la Guardia Civil a la que, acusaba, como a la juez Alaya, de urdir teorías sobre conspiración y tramas delictivas que han causado daño a personas.

Ayer mismo se supo por el grupo Joly que la Fiscalía Anticorrupción no ve indicios "por el momento" para imputar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza de los cursos de formación que afecta al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

Hoy mismo se presenta el dictamen del presidente de la Comisión, Julio Díaz, a las nueve de la mañana. Él mismo anunció a los medios de comunicación que en su informe haría constar nombres y apellidos de los responsables políticos del caso, cuya responsabilidad es "brutal" según Juan Marín. Pero tal y como se han puesto las cosas, parece difícil que entre esos nombres aparezcan los de Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán como piden PP, Podemos e IU.

Se archiva la "trama política" pero hay consejeros imputados

La pieza de la "trama política" fue concebida por la juez Alaya en este caso a imagen y semejanza de la "pieza política" del caso ERE que ha llevado al banquillo a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y una veintena de altos cargos entre exconsejeros, exviceconsejeros y ex directores generales de la Junta. Su idea era que el caso ERE hubiese sido imposible de no contar con una estructura jerárquica de apoyo en la Junta de Andalucía, tesis que triunfó en el Tribunal Supremo y que no tuvo más remedio que aceptar la nueva juez sustituta.

Pero mientras el juez de apoyo, Álvaro Martín, mantuvo abierto el sumario de la trama política de los ERE y lo cerró con la apertura de juicio oral contra los mencionados, la juez Núñez Bolaños ha ordenado archivar la pieza política del caso de la formación. Es decir, el mismo juzgado defiende la existencia de una trama política en el caso de los ERE, pero decide que no la hay en el caso de la formación a pesar de los numerosos indicios que la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil han aportado al caso.

Mientras eso ha ocurrido, en otra de las piezas que siguen vivas en el caso de la formación, que son los dineros empleados en Delphi para la formación de sus trabajadores despedidos, la Fiscalía pide la imputación de otro Consejero, Manuel Recio.

Más sorprendentes aún son las razones que aduce el ministerio público en su escrito. Como se sabe, esta pieza, que afecta a otro ex consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, y que ha servido para la imputación de otro ex consejero, Antonio Fernández, investiga las subvenciones millonarias concedidas excepcionalmente y de manera incontrolada por la Junta de Andalucía, entre otras a las empresas de Ojeda.

Pero la Fiscalía dice que hay "serios indicios" de que esos contratos fueron simulados "de manera consciente por parte de la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo que otorgaron las subvenciones", de lo que se desprende la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Que unos consejeros de Empleos sucesivos pudieran ser cómplices de la "simulación" de contratos que superaron los 50 millones de euros, esto es, más de 8.000 millones de las antiguas pesetas, sin conocimiento de los máximos responsables de la Junta, parece increíble. Por si fuera poco, la Fiscalía llama a lo ocurrido "depredación de fondos" del investigado Ojeda simulando una formación que realmente o no se impartía o era ridícula para encontrar trabajo.

Pues tras el archivo de la pieza política que liberaba al ex consejero Manuel Recio de responsabilidad penal en el caso, ahora la Fiscalía quiere citarlo como imputado porque al menos 33,3 millones de euros de los subvencionados fueron gestionados por Recio.

Para los que no siguen cotidianamente el caso de la formación, recordemos que había dos despachos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo precintados por orden judicial desde agosto de 2014, hace dos años y medio. En su interior centenares de expedientes originales que había que investigar sin que pudieran ser manipulados, porque, por ello, se precintaron los despachos.

Ahora, la juez Núñez Bolaños ha ordenado desprecintar esos despachos y devolver los expedientes que contenían a la Junta de Andalucía, pero sin haberlos investigado. El PP, acusación popular en este caso, se ha opuesto en un recurso de reforma a que la Junta pueda disponer de estos expedientes originales sin haber sido analizados. Es más, subraya la imprudencia de la juez por haber sobreseído la causa política sin haber practicado las diligencias debidas, por ejemplo, las referidas a estos expedientes.