Visto para sentencia el juicio de las tarjetas 'black'

Han sido 26 sesiones dominadas por el debate jurídico de letra pequeña. Desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 2 de febrero de 2017. 129 días distribuidos en cuatro meses que han sentado en el banquillo a 65 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Se enfrentan a penas de cárcel en la siguiente horquilla: desde un año para los casos más leves, pasando por los cuatro años y medio que se juega el expresidente Rodrigo Rato y los seis que la Fiscalía pide como tope para su homólogo Miguel Blesa. Estos dos se han erigido en los principales protagonistas de la vista oral.

El juicio estaba programado hasta el pasado 9 de diciembre, pero ha requerido de nueve sesiones adicionales para esclarecer la principal pregunta: las famosas tarjetas black, ¿formaban parte de la retribución de los consejeros y miembros de la comisión de control o cubrían únicamente gastos de representación?

Según las acusaciones, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, los procesados se aprovecharon de unas tarjetas expedidas para la cobertura de gastos relacionados con su actividad profesional. Pero se habrían beneficiado entre 1999 y 2012 de más de 12 millones de euros "para gastos personales y propios". El fiscal Alejandro Luzón ha sido áspero con frases como "era una acción más próxima al pillaje o la rapiña" o "la emisión de estas tarjetas tiene que ver con una actitud primitiva y depredadora". Bankia habló de "desatino" y la Confederación Intersindical de Crédito, por ejemplo, de "escándalo que abrió un agujero en las entidades". Aun así, el Ministerio Público redujo ostensiblemente sus pretensiones de condena para con los presuntos, que en la mayor parte de los concretos han devuelto los fondos.

El banquillo de los 65 acusados, salvo contadas excepciones, ha respondido en bloque con una tesis contraria. Defienden el carácter remuneratorio con límite mensual de los "plásticos", único sinónimo válido de tarjeta en este procedimiento. También en señalar al Banco de España, que conocía la existencia de las mismas puesto que estaban "debidamente contabilizadas y auditadas" en tres niveles: por peritos internos y externos, oficiales y privados. Sobre la naturaleza de las tarjetas llamadas "black", es especialmente didáctico un dictamen elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcón Tella:

"Estamos claramente ante unas tarjetas de libre disposición. El concepto en que se cubre el coste de las tarjetas es el de gastos de representación (y por ello figuran contabilizadas como gastos de órganos de gobierno), pero los gastos de representación pueden ser a justificar o sin necesidad de justificación, es decir como remuneración a tanto alzado. Y en este último caso puede darse a la tarjeta cualquier uso por parte del tenedor".

"Algo similar ocurre con el sistema de dietas exentas de que disfrutan funcionarios y personal laboral dependiente, que incluso están exentas del IRPF (a diferencia de estas tarjetas) (…). Y lo mismo ocurre con las dietas de diputados, senadores o concejales, cuando funcionan como un sistema de compensación a tanto alzado, como es frecuente".

Terceiro y "el modelo"

El mayor impacto mediático acompañó a las declaraciones de Blesa y Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia. Coincidieron en que se trataba de una práctica común en el sector financiero, aunque ambos se desmarcaron de su invención o implantación. Porque, como ha quedado acreditado, el origen de las tarjetas se remonta al 24 de mayo de 1988. Un acuerdo del Consejo de Administración presidido entonces por Jaime Terceiro acordaba en aquella fecha la entrega de las Visa a los consejeros y miembros de la comisión de control.

Existen actas, declaraciones de testigos e incluso contradicciones personales que resquebrajan el discurso como testigo de Terceiro. El expresidente de Caja Madrid ha abanderado de la tesis de que los plásticos nacieron para cubrir gastos relacionados con la representación de la entidad bancaria –viajes, comidas, etc.– y que se "envilecieron" y destinaron a gastos personales cuando Blesa le sustituyó al frente. Según Carlos Aguilar, abogado de Blesa, "no se respeta a la verdad cuando se dice que las tarjetas no tenían número pin, porque lo tuvieron desde el primer día y desde el primer día se utilizaba en los cajeros. Terceiro dijo que con el pin se trazaba la aberración del sistema y sobre esa piedra construyó su tesis, pero es incierta y la piedra se le ha caído al suelo. Hubo pin desde el primer momento porque jamás se exigió justificación de gasto", tal y como demostraron los documentos publicados por el diario El Independiente.

Escandaliza a propios y a extraños que las acusaciones relacionen la práctica de las black con el rescate a Bankia. Siguiendo con las explicaciones de Aguilar, las cantidades gastadas eran ínfimas en comparación con el valor de la entidad y ha pedido "juzgar los hechos de ayer con los ojos de ayer". Ignacio Ayala, el abogado de Rodrigo Rato, criticó en el mismo sentido que se juzgue "una época, un modelo, un concepto", que en este procedimiento se aplique un baremo "moral" y no jurídico.

"Pruebas manipuladas"

Los acusados han cargado con virulencia contra el famoso documento de Excel que recoge los gastos de los imputados con las tarjetas black, prueba fundamental en su contra. "Son meras fotocopias y no puede constituir un documento mercantil" o "no tiene garantía alguna", han proclamado al constatar cientos de fallos reconocidos durante el procedimiento. Los abogados de Blesa y Rato se refirieron también a las "pruebas manipuladas" en relación al informe de auditoría presentado por Bankia y elaborado por la auditora KPMG, que según su criterio no representa "una prueba legítima de cargo" porque su contenido no se ajusta a la realidad.

No ha faltado un solo ingrediente. Ni el componente político, intensificado este mismo lunes, cuando la defensa de la exconsejera María Enedina Alvarez, nombrada por el PSOE, habló de un "linchamiento" detrás del cual estaría "cierto partido político" –en referencia al Partido Popular– "que quiere extender el axioma de que la corrupción es patrimonio de todos llegando a eliminar si fuera necesario a oponentes políticos". Se da la circunstancia de que este juicio sienta en el banquillo a miembros designados por PP, PSOE, IU, la Patronal y los sindicatos.

"Linchamiento" y más consignas en el mismo sentido: "Se consigue lo que la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas tenía como criterio muy utilitario: ¡Que les corten la cabeza! Ya tendremos tiempo de juzgarles". Algunos se han lamentado porque "han visto arruinada su vida", teniendo que abandonar "su actividad profesional y empresarial". Solo el exministro socialista Virgilio Zapatero ha hecho uso de su derecho de última palabra para expresar su esperanza: que "a pesar del ruido y la furia que el proceso provoca en la opinión pública", la Sala encuentre una "solución justa" y "ponga fin al calvario y a los 739 días de pesadilla vividos".