Con el nombre de Llibertats, catedráticos, jueces y abogados han elaborado un manifiesto de cinco puntos en el que reivindican el "pacto constitucional" y advierten de "no hay democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley". Con el título El derecho, al servicio de las libertades, los firmantes del texto niegan la legitimidad del proceso separatista y afirman que "resulta preocupante constatar cómo últimamente, en especial desde algunos medios y sectores, se vienen utilizando en el debate público términos y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible".
Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana, y Eloy Moreno han sido los encargados de presentar el documento, que cuenta con las firmas de Eugeni Gay, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Javier Bejar, expresidente de la Audiencia de Barcelona o el rector de la Universidad Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso. También suscriben el texto los catedráticos Pau Salvador Coderch, Santiago Ripol y Juan Ramón Capella. En los próximos días se abrirá una web para recoger adhesiones y el listado definitivo de apoyos se conocerá a mediados de febrero.
A cuatro días para la celebración del juicio a Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N, los promotores de la iniciativa apuntan que "cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando a los órganos encargados de aplicar las leyes, sea mediante sus resoluciones de carácter jurisdiccional como a través de aquellas emanadas del máximo intérprete de la Constitución, no es nunca una opción lícita ni legítima. Ello supone, además, poner en peligro nuestro sistema de derechos y libertades nacido con el pacto constitucional, fruto del esfuerzo y compromiso de todos".
También recuerdan que "la plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el marco de la Unión Europea, únicamente es posible desde el respeto al ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. En el marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni maximalistas; ni tampoco cabe postular o intentar legitimar la transgresión del marco jurídico vigente".
En un contexto de menosprecio absoluto por los tribunales y sus resoluciones, los juristas catalanes sostienen que "debemos exigir que el debate público recupere, en primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos".