La aspiración, cada vez más manifiesta, de Susana Díaz, a suceder en Ferraz al breve Pedro Sánchez, encuentra la oposición interna del propio defenestrado y el oscuro Patxi López. Pero en el exterior del PSOE andaluz, es la realidad de su gestión, de la sanidad a la educación, del impuesto de sucesiones a los manejos en la Mesa del Parlamento o desde el pozo negro de su administración paralela a la corrupción, la que es azuzada por los adversarios naturales y por los competidores internos. Uno de estos temas, vinculado a la corrupción, es la situación de la mina de Aznalcóllar que resurge en plena batalla por las primarias socialistas.
La importancia política de esta mina es que los adjudicatarios de la explotación sevillana tenían vinculaciones con el PSOE siguiendo una tradición que une la minería del Sur al socialismo arregimentado. Pero, además, es que en la concesión y puesta en marcha en explotación de la mina se implicó personal y electoralmente la propia Susana Díaz en las elecciones de 2015, siendo presidenta en funciones de la Junta de Andalucía.
Ahora, a pesar de los intentos de la Junta por mantener los trabajos de la mina, que siguen realizándose, y subrayar ante el poder judicial que todas las partes quieren el archivo del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que obligó a la reapertura de la causa que fue archivada por la juez, el caso Aznalcóllar sigue incordiando gravemente a Susana Díaz y a Verónica Pérez, su brazo armado en la comarca, que acusa al PP e IU de poner en peligro mil empleos.
El último acontecimiento destacable ha sido la presencia de la Guardia Civil en la Junta de Andalucía para reclamar documentación y la actividad de la Intervención Genera del Estado en el caso, a petición de la juez Patricia Fernández, cuya instrucción del caso parece, cuando menos, insegura. Fue ella la que cerró en falso el caso y que la magistrada de la Audiencia de Sevilla, Mercedes Alaya, ponente en el recurso por el archivo, provocó la reapertura del caso al poner en duda la legalidad del proceso.
El caso Aznalcóllar nace en 2015 cuando en concurso público, sospechoso de amaño por la denuncia de la otra entidad competidora. Por ello desde entonces se investiga la concesión para explotar la mina por parte de la extraña entidad Minorbis-Grupo México.
Tras la decisión de reapertura del caso, la juez Fernández desplazó a la Policía Nacional en favor de la Guardia Civil. Y precisamente hace dos días los agentes de la UCO aparecieron por la sede la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, de la que es titular José Sánchez Maldonado. Exigieron la documentación que tenga que ver con la adjudicación del concurso de la mina.
Mientras Susana Díaz exigía en Castilla-León la implicación del gobierno Rajoy en la minería, la juez encargada del caso ha pedido a la Agencia Tributaria (EAT), la Tesorería General de la Seguridad Social y a varias entidades bancarias para que éstas facilitaran a la UCO "toda la información fiscal" relativa a operaciones con terceros y a declaraciones de IVA de las sociedades AMC Mining Iberia (Grupo México), Minorbis –filial del grupo cordobés Magtel– y Minera los Frailes; el listado de empleados de las dos últimas desde sus respectivas fundaciones; y los movimientos dinerarios entre cuentas de esas empresas que protagonizan el judicializado proceso de adjudicación del yacimiento.
Y, por si fuera poco, la juez ha implicado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que sus técnicos elaboren un dictamen sobre la "validez" de la normativa que "regula el concurso público", para dar "las actividades extractivas de explotación de los recursos" de Aznalcóllar.
Se trata de averiguar si alguna de las empresas implicadas en la selección tuvo que pagar de algún modo para obtener la concesión. Recuérdese que, al estallar el caso en pleno proceso electoral, la presidenta andaluza suspendió el proceso de concesión y que su directora general de Industria y Minas fue obligada a dimitir, siendo repuesta en el cargo poco después.
Breve historia del caso Aznalcóllar y el PSOE
El meollo del caso reside en que hay indicios de que la Junta de Andalucía, con Susana Díaz como presidenta en funciones, tuvo que conocer que, además de incumplir los requisitos básicos del concurso de minería que les concedió la explotación de la mina de Aznalcóllar, el capital social de la compañía española que aspiró y logró la adjudicación, Minorbis, SL, era tan sólo de 3.000 euros para una inversión de 300 millones.
Es más, según la Policía, en su objeto social ni siquiera aparecía el negocio de la minería. Sin embargo, logró ganar el concurso según el documento firmado por el consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado y la propia presidenta en funciones, Susana Díaz.
Minorbis, SL era una empresa participada por las empresas de la familia López Magdaleno, beneficiarias de importantes subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y el gobierno de España, tanto en época de José Luis Rodríguez Zapatero como en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
Minorbis aparecía como socio de Grupo México, de cuyo apoyo dudó la policía nacional que investigaba el caso desde la UDEF porque no "puede entenderse" que el Grupo México respaldase económica, financiera y técnicamente a Minorbis que ni siquiera tenía, cuando concursó, la minería como objeto social.
Sin embargo, la juez, que archivó el caso por considerar correcto el procedimiento empleado por la Junta, ha sido obligada por la Audiencia Provincial de Sevilla a averiguar qué papel jugó realmente la adjudicataria MInorbis, SL "y las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales -desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación-, para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración".
La UCO ya ha pedido disponer de "acceso al contenido íntegro de las actuaciones y alegaciones de las partes, a fin de que se elabore un informe completo sobre este extremo del que dé cuenta" al juzgado. Todo ello ante "la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario, para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial del Grupo México".
Un hecho relevante es que grupo México se comprometiera a reembolsar un millón de euros a Minorbis en concepto de gastos razonables en los que habría incurrido, directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto.
Y otro más es que el control absoluto actual de Minera Los Frailes –nombre de la mina de Aznalcóllar– está en manos AMC Mining Iberia –Grupo México– y sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis. O sea, que MInorbis, SL, al parecer, llegó, vio, logró la adjudicación y se quitó de en medio.
La minería andaluza y el régimen socialista
Libertad Digital ya lo explicó con detalle en relación a dos Minas, las de Riotinto y las pretendidas por Emed Tartessus. En la primera aparecían Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz, y Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y entonces columnista de El País. En la otra, Emed Tartessus, aparecía el ex consejero Guillermo Gutiérrez Crespo, "Willy", y el hijo de su amigo, el ex portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Pepe Caballos Mojeda.
También habíamos conocido el generoso comportamiento de Manuel Chaves hacia Minas de Aguas Teñidas, S.A., la empresa apoderada por su hija Paula, a la que concedió la fruslería de 10 millones de euros a fondo perdido.
Posteriormente se supo que el sobrino de Felipe González, Juan María González Márquez, imputado e implicado hasta el tuétano en el caso Invercaria, representaba a una de las empresas que opta a la famosa Mina de Aznalcóllar. Famosa sobre todo por el accidente que puso en peligro buena parte del medio ambiente andaluz por la rotura de su balsa de residuos en 1998.
Finalmente, la implicación de la propia presidenta de la Junta de Andalucía en la sospechosa concesión de la mina de Aznalcóllar, cierra, por ahora, el círculo.