A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor del caso Astapa, caso de corrupción generalizada socialista en la localidad malagueña de Estepona, ha levantado la imputación a 18 personas, nueve años después de iniciarse la instrucción lo que ya es, en sí mismo, un escándalo judicial notable en un caso anterior al caso Mercasevilla que dio paso al caso ERE.
Entre las personas favorecidas por esta decisión se encuentra Patricia Rojo, hija de quien fuera presidente del Senado por el PSOE, Javier Rojo, destacado militante socialista vasco. Rojo hija era la directora del área de Urbanismo en el momento de los hechos. Además, quedan liberadas de investigación la madre del ex alcalde socialista, Antonio Barrientos, y otros concejales y altos cargos municipales.
Otra curiosa y anómala circunstancia de caso es que el propio Barrientos, por cierto, amigo de José Bono que poseía áticos en la localidad, pudo declarar, por fin, por vez primera en diciembre de 2016, tras haber sido detenido en 2009. Fue el 1 de diciembre cuando el ex alcalde explicó al juez y a la Fiscalía su versión de los hechos durante diez horas.
El Mundo ha echado cuentas y resulta que, después de ciento dos meses, tres magistrados y cientos de tomos de sumario, el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona ha anunciado que el final de (de la investigación) será a finales del mes de enero cuando terminen las declaraciones pendientes. Entre el 19 de este mes y el 5 de enero, según informó Europa Press, el juez ha citado a 27 de los investigados -los antiguos imputados- en una providencia en la que justificaba los nuevos testimonios en que la causa se encuentra «en la recta final de la investigación».
Con seis nuevos investigados, todos empresarios, el procedimiento implica a 101 personas.
El caso Astapa
Fueron dos socialistas de Estepona los que denunciaron el caso Astapa. El que luego fuera alcalde, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez informaron a la Policía de la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento, según figura en la parte del sumario levantado en 2009 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso.
La policía concluyó en 2009 que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES (un partido localista) y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se citaba el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.
También se detectaron contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.
Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.
Tres cajas municipales, dos de dinero negro
En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba "asumida e interiorizada". La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.
Los denunciantes del PSOE, Valadez y Rodríguez, presentaron a la entonces juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.
Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, fue asimismo imputada a pesar de haber negado su participación en el caso. Patricia Rojo, salió del despacho de la jueza imputada y acusada de prevaricación y cohecho. La que era coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo.
Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía porque se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hacía una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de "El pollo", que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación era tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.
Las actividades del alcalde Barrientos no podían serle ajenas a Rojo. El 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.
Otros flecos del caso
El caso Estepona aportó una prueba irrefutable que mostró cómo se tejió una tela de araña por los dirigentes del PSOE en Estepona. El sumario ofrecía la evidencia de que 120 de los 315 afiliados del PSOE en la ciudad fueron colocados en el Ayuntamiento, a lo que había que sumar 42 familiares de personas afiliadas al PSOE.
En el informe de la Policía Nacional se leyó: "Durante el tiempo de intervención de los distintos teléfonos utilizados por personas vinculadas al Ayuntamiento de Estepona, se han producido a través de las mismas múltiples conversaciones con alusiones a contrataciones de personal en el Ayuntamiento y Empresas Municipales, llevadas a cabo sin ningún tipo de concurso, sino por distintos intereses de las personas responsables del Consistorio. Así se han contratado a familiares, amistades, afiliados a los partidos del equipo de Gobierno, personas a las que se le deben favores."
Los enchufes se camuflaban bajo la denominación de cargos de confianza "pactándose, tras las elecciones, el número de cargos de confianza que querían cada partido político que han hecho coalición, aprovechando para contratar a familiares y amigos". La impunidad era tal que el presidente del PSOE de Estepona, Mateo Vázquez Febrero, tenía 12 familiares contratados.
En el sumario se hace referencia a dos operaciones por las que presuntamente el Ayuntamiento de Estepona habría recibido la cantidad de un millón de euros a través de dos cheques emitidos por un banco de las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y de las que se habría dado cuenta a la Fiscalía Anticorrupción.
El informe subrayaba la existencia de dos cheques pagados por el Bank of América S.A. de Madrid, emitidos por un banco de las Islas Caimán, el día 11 de octubre de 2006 por importes de 896.053,80 euros y 281.619,91 euros. Los investigadores en este sentido señalan que una vez comprobados los movimientos de la cuenta de titularidad del Ayuntamiento se comprobó que el día 17 de octubre de 2006 aparecen los ingresos de dos cheques emitidos por otra cuenta por los importes exactos anteriormente mencionados.
Según Diario Sol, la entonces concejala de Playas, Marisa Rodríguez, quiso adjudicar un chiringuito al primo del entonces jefe de Gabinete de la Alcaldía antes de llevar a cabo el concurso público de dichas adjudicaciones. La edil pretendía adjudicar un chiringuito de nueva ocupación dentro del paquete de adjudicaciones para no levantar sospechas.
Los denunciantes del caso, David Valadez y la concejala Cristina Rodríguez, desvelaron un desfase de 50 millones de euros a favor de las promotoras en un total de 12 convenios urbanísticos.
La Policía reveló una conversación telefónica entre el ex alcalde del PSOE Antonio Barrientos –luego en libertad bajo fianza– y Rafael Duarte en la éste le advierte de que "como se pongan a levantar las valoraciones va a caer todo dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y más ahora con la ley del suelo".
Por si fuera poco, se recogieron en el sumario hasta 18 adjudicaciones a dedo de obras municipales por los que se "ingresaban" importantes cantidades de dinero que se transportaban, al parecer, en una caja de puros del ex alcalde, "el sobre de goma" según sus escoltas.