Albert Rivera decidió el pasado verano dar a Mariano Rajoy el sí que negó antes, durante y después de la campaña electoral del pasado mes de junio, pero sin entrar en el Gobierno y en base a un documento de 150 medidas suscrito por los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos.
Una decisión política de calado que le sitúa en una difícil situación en estos primeros compases de la legislatura, sobre todo por cuanto la entente soterrada entre PP y PSOE parece claro que se extiende más allá de la abstención de los socialistas a la investidura, como ha evidenciado esta semana el acuerdo suscrito entre ambas formaciones para combatir la pobreza energética.
Los aforados que no están en las cortes
Para combatir ese ostracismo parlamentario en el que puede situarle (como también a Podemos) la pinza del viejo bipartidismo, Rivera va a tratar de encabezar una de las reivindicaciones señeras de la agenda reformista de Ciudadanos, la supresión de los aforamientos para diputados y senadores, incluida en el punto 94 de ese acuerdo, con la intención de que se acometa en 2017 como una reforma exprés de la Constitución. Un asunto sobre el que preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la última sesión de control del año, en un tibio rifirrafe parlamentario en el que no encontró más que largas por parte de la número dos del Ejecutivo.
Santamaría, abogado del Estado, adornó su intervención de cierto tono pedagógico ante el licenciado en Derecho Rivera: "El sistema de aforamientos, la determinación de la competencia procesal, es un todo. Y lógicamente, con la reforma de la Constitución arreglamos una parte. Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y cargos electos, luego tenemos 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque sólo vayamos a hacer la primera, como usted bien decía, con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos, pero nos queda el resto hasta llegar a 2.000. Por tanto tenemos que acompañar y acompasar la reforma de la Constitución con la reforma de 19 estatutos de autonomía, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la Ley reguladora del defensor del Pueblo y con otras leyes reguladoras de otras instituciones que aforan a presidentes y miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, del CGPJ, etc".
Rivera, por su parte, insistió en la posibilidad de acometer cuanto antes esa reforma, para la que apelaba también a la bancada de Pablo Iglesias: "No hace falta tardar tres años para suprimir los aforamientos, porque espero además que Podemos no vete ni frene la supresión de los aforamientos. Nadie lo entendería". El líder de Ciudadanos cree posible acometer la supresión de los aforados en el primer trimestre de 2017, mediante el procedimiento exprés de reforma constitucional que ya sirvió en 2011 para modificar el artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria.
Reformar el CGPJ, otra prioridad
Además de la supresión de los aforados, Rivera cree fundamental para que la regeneración que propugna Ciudadanos sea creíble la implementación de otros dos puntos del acuerdo de investidura del PP, que afecta a otras dos cuestiones nucleares, como son la reforma del poder judicial y el pacto anticorrupcion.
En el artículo 102 del pacto con Ciudadanos, el PP se compromete a llevar a cabo la reforma del CGPJ que no hizo en la primera legislatura de Rajoy, para que doce de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por su gremio y no por los representantes políticos. En cuando a la lucha contra la corrupción, el pacto ya incluye apartar a los imputados de la vida pública, pero Ciudadanos quiere llevar adelante un pacto de los cuatro grandes partidos, que se firme a nivel de las ejecutivas de los mismos, que, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en su día con el Pacto Antitransfugismo, establezca a través de una comisión de seguimiento cuando una imputación lo es por un caso de "corrupción política" y cuando no.