Pedraz deja en libertad provisional a Miguel Bernad, líder de Manos Limpias

Miguel Bernad saldrá de la cárcel por Navidad. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación por las supuestas extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias a grandes bancos y particulares, ha acordado la libertad provisional del todavía secretario general del sindicato Manos Limpias. El abogado de profesión había solicitado un permiso extraordinario para estar con su madre de avanzada edad mientras permanezca con vida y bajo ciertas condiciones, así como por salud propia a sus 74 años. Más allá de esta petición, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que, aunque siguen existiendo sólidos indicios de delito en su conducta pasada, "resulta oportuno modificar su situación personal".

Santiago Pedraz esgrime como motivos "el tiempo que lleva en situación de prisión provisional", desde el pasado mes de abril, y "su estado de salud". El instructor entiende que, como la investigación está avanzada en relación con Bernad, "no habría de verse perjudicada de hallarse en libertad, ya que difícilmente podría ya ocultar pruebas", -cosa que no ocurre con "el otro preso investigado en prisión", en referencia a Luis Pineda-. Tampoco existe "fundado peligro de fuga si se adoptan además medidas de control". El líder de Manos Limpias deberá presentar una fianza de 50.000 euros en metálico o aval bancario y comparecer una vez a la semana ante el Juzgado más próximo a su domicilio y facilitar un número de teléfono móvil a fin de estar localizado. Todo ello con la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

La supuesta organización criminal

Tal y como describe el juez Santiago Pedraz en el sumario, los máximos exponentes de Ausbanc y Manos Limpias cimentaron una organización criminal. El magistrado se alinea con la versión que sostiene la Fiscalía, mientras que Luis Pineda y Miguel Bernad, presidente de la asociación y secretario general del sindicato, respectivamente, se han presentado como víctimas de una persecución del Estado por sentar en el banquillo a políticos, empresarios, e incluso a la infanta Cristina en el caso Nóos.

El instructor ve "motivos bastantes" para creer que son responsables de una retahíla de delitos: Bernad de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; y Pineda de esos tres más estafa, administración desleal y fraude en las subvenciones. Al parecer, idearon una red que exigía dinero a personas físicas y jurídicas a cambio de no interponer denuncias en los juzgados o difundir noticias negativas. Pineda explicó que Ausbanc se financiaba gracias a sus publicaciones y a las cuotas de los asociados, que podían rondar los 10.000 euros. Una estructura que se disfrazaba en la defensa de los consumidores "cuya finalidad última era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros". El dinero también procedía del cobro de subvenciones como asociación.

La organización poseería ramificaciones en el extranjero. El juez Pedraz dibujó una trama con apoyo económico en Colombia, a través de sociedades de las que Ausbanc posee el 95% y que habrían recibido más de un millón de euros; en Venezuela, mediante firmas de las que la asociación cuenta con el 100% de las participaciones; de Estados Unidos, a través de empresas que han recibido 2.1 millones; y otros instrumentos a los que alude Pedraz como "Mercado de Dinero México y Money Market en Reino Unido".

Conversaciones opacas con Zarzuela

Existe un episodio especialmente turbulento que tendrá que resolver un tribunal en el hipotético juicio de este caso. Un chantaje que algunos cifran en dos y otros en tres millones de euros que mantiene dos lecturas radicalmente opuestas: según la investigación, la trama liderada por Luis Pineda exigió el dinero al equipo jurídico de la infanta Cristina –tres millones de euros– y, por el contrario, el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, asegura que un intermediario del Rey Juan Carlos le ofreció dos millones de euros para sacarla del banquillo. De hecho, Bernad trasladó esa oferta a la abogada de Manos Limpias en Nóos, Virginia López Negrete, que declinó la retirada de la acusación.

Algo parecido habría ocurrido en el caso de los ERE, donde Pineda y Bernad habrían pretendido sacar rédito de la desimputación del expresidente de Unicaja Braulio Medel. Se investigan muchos más episodios en la Audiencia Nacional, a donde han acudido multitud de altos cargos de bancos y otras entidades para cargar contra la manera de proceder del sistema creado por Manos Limpias y Ausbanc.