Reacciones en el marco de la pieza principal del caso de los ERE. Esa en la que la investigación atribuye a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con otras 24 personas en su mayoría del Partido Socialista, la creación de un "sistema de transferencias de fondos que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control de la administración". Traducido, que habilitaron las instituciones públicas IFA e Idea, adscritas a la Consejería de Empleo, para que se hicieran cargo del reparto de ayudas subvenciones con criterios a la medida de su gracia y la de sus amigos.
José Antonio Griñán, presidente andaluz entre abril de 2009 y septiembre de 2013, solicitó la libre absolución argumentando que "nunca intervino en la concesión concreta de ayudas" y que no está "acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos" porque no era su competencia como consejero de Hacienda en el momento de los hechos. La Fiscalía pide para él seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.
Ha hecho lo propio su antecesor en el cargo Manuel Chaves, que gestionó la Junta entre 1990 y 2009. En este caso, se juega 10 años de inhabilitación solo por el delito de prevaricación. En el escrito de defensa donde reclama la absolución, ha explicado que "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales. Expone como excusas que "nadie le advirtió de ello" y el interventor de la Junta "tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo de informe de actuación".
Saqueo de 740 millones de euros
El Ministerio Público exige una indemnización en concepto de responsabilidad civil que, sumando todas las cantidades, alcanza la desorbitada cifra de 741.596.504 euros. Es el daño al patrimonio que habrían causado doce responsables de la concesión de ayudas sociolaborales, entre ellos Griñán, según la Fiscalía. Más de setecientos cuarenta millones de euros a devolver para tapar el enorme agujero en las arcas públicas del caso de los ERE.
Hasta 26 autoridades públicas se jugarán condenas en un juicio aún sin fecha. Entre ellos, los exconsejeros de Gobierno José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez –ministra de Fomento con Zapatero–, Gaspar Zarrías –expresidente en funciones de la Junta– y Antonio Fernández. Y, por encima de todos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que hasta ahora se han blindado en el relato de la inocencia. Un discurso cuestionable para el juez de refuerzo Álvaro Martín –que está sacando adelante los ERE mientras la titular María Núñez Bolaños destruye la instrucción– y que ha suscrito el auto de apertura de la vista oral.
Según el auto de apertura de juicio oral, otros exaltos cargos en su mayoría del Partido Socialista que se sentarán en el banquillo son Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, José Salgueiro, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina, Javier Aguado, Antonio Estepa, Antonio Vicente Lozano, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde, Jacinto Cañete y Francisco del Río.