Carles Vilarrubí no es solo el vicepresidente segundo del FC Barcelona. También es vicepresidente de labanca de inversión Rothschild España, presidente de la consultoría CVC Grupo Consejeros y de Willis correduría de seguros, consejero de la institución ferial Fira Barcelona, la telefónica Catalunya Comunicació Ono, y de la agencia creativa Grey Group. Su mujer, Sol Daurella, es la propietaria de Coca-Cola European Partner, embotelladora de la todopoderosa marca de refrescos en España.
Lo que comenzó hace más de tres décadas como chófer del expresidente catalán Jordi Pujol y siguió con la confianza del líder de Convergencia para convertirle en una figura de consenso en el separatismo catalán, podría acabar en un delito de blanqueo de capitales. Se desprende de la investigación del caso Pujol, que persigue el origen de la fortuna del clan. Un botín que, según las sospechas del juez unificador de la instrucción José de la Mata, responde a una estrategia de negocios en la que cada miembro de la familia ocupaba un piñón en un engranaje corrupto.
Los Pujol se habrían servido de la política para enriquecerse –se barajan cifras de miles de millones de euros– a golpe de comisión. La Audiencia Nacional entiende que Carles Vilarrubí habría participado de ese circuito. De ahí que le citara como testigo en el debut de las diligencias, donde negó casi cualquier relación con el patriarca catalán y sus hijos. Cuando el empresario convergente Javier De la Rosa le vinculó con el supuesto dinero oculto, cambió su condición a la de imputado. En su segunda intervención ante la Justicia, solo recordó el pagó de 20.000 euros al primogénito Jordi por la búsqueda de terrenos para construir una hípica. Un negocio el de los caballos conocido de sobra por Vilarrubí.
Cerco de la investigación
El magistrado cree que el capital de los Pujol no proviene de la herencia del abuelo Florenci –como ellos defienden– sino de operaciones ilícitas. En los movimientos para lavar ese dinero negro habría entrado Vilarrubí. Invirtió en 1993 junto con Jordi Pujol Ferrusola tres millones de pesetas en Restaurantes de Cerdanya, una empresa que era propiedad de José María Bosch. Según su versión, lo hizo para "ayudar económicamente" al chef. El cocinero recompró en 2010 las partes del negocio que había vendido por los mismos 18.000 euros y nunca se repartieron beneficios.
Un episodio que extraña de por sí. Se complica aún más a raíz de una comisión rogatoria que el juez de la Mata cursó a Andorra para identificar una cuenta del banco Crédit Andorrà que recibió 23 millones de pesetas –más de 138.200 euros– desde posiciones del hijo mayor de los Pujol. Después de que la Policía Nacional registrara su domicilio en octubre de 2015, ha resultado que el número correspondía con una cuenta oculta de Carles Vilarrubí.
Pese al cerco de los nuevos acontecimientos, el empresario no ha dado más detalles. Ha respondido las preguntas del juez, pero con oraciones genéricas incluso en relación a esa cuenta bancaria. Según fuentes jurídicas, tampoco ha precisado el concepto de las cantidades ni se ha referido a ningún número en concreto. Ha insistido en que ya había respondido sobre esta misma cuestión durante sus comparecencias anteriores ante el juez.