La investigación del hacinamiento de cadáveres en la Universidad Complutense de Madrid acorrala a José Ramón Mérida. Se trata del exdirector del departamento de Anatomía y Embriología II, lugar de la facultad de Medicina donde los propios trabajadores denunciaron la escena dantesca. Quien fuera rector en el momento de los hechos, José Carrillo, ha comparecido este viernes como imputado. Ha calificado de "barbaridad" el estado de hasta 530 cuerpos sin vida donados a la ciencia. Según el relato de los testigos, los restos se apilaban en cámaras frigoríficas más o menos frescos para su uso pedagógico; otros en bañeras de formol que rebosaban por exceso, con zonas descubiertas putrefactas y plagadas de insectos. Y el peor, la "sala de los horrores", un secadero, con cuerpos desmembrados y cabezas ya utilizadas esperando para ser incinerados.
El procedimiento surgió a raíz de la denuncia de Pilar Mansilla, trabajadora de una década en ese departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Complutense. Contrajo cáncer y otras patologías respiratorias en el desempeño de sus funciones, cuando a priori su empleo no entrañaba ningún riesgo. Ahora se presentan como supuestas perjudicadas las seis personas que trabajaron en el departamento de Anatomía y Embriología Humana II. Entre ellas, incluso uno que abandonó su puesto al poco tiempo de acceder por miedo y desconcierto ante tan abominable escena. Están a la espera del informe definitivo del médico forense para valorar las consecuencias de exponerse a un ambiente que, según expertos, estaba plagado de virus y bacterias.
Enriquecimiento oculto
El juez ha tomado declaración este viernes al director de prevención de riesgos laborales y a José Carrillo, el exrector conocido en la vida público por su afiliación al PSOE y sus coqueteos con Podemos. El primero –en un interrogatorio especialmente extenso y calculado– ha delegado cualquier responsabilidad en el técnico que se encontraba al cargo de ese departamento en concreto, al que siempre le reportaba cualquier incidencia en el mismo. Como consecuencia, la acusación ha pedido que se cite como investigado a ese trabajador.
Carrillo ha reconocido el descontrol en esas salas. Aunque se ha desligado del mismo diciendo que no lo conocía porque llevaba poco tiempo en el cargo –tres años y medio– y, en cualquier caso, abrió un expediente sancionador a Mérida cuando conoció el alcance de los hechos. Ha explicado que había un servicio de seguridad que no controló el acceso de los cadáveres, que se producía incluso los fines de semana con el permiso de alguien que poseía las llaves del departamento. Y, sobre todo, ha profundizado en el porqué, deslizando un supuesto interés económico en el trasfondo.
Esos cuerpos se utilizaban en cursos. Cursos no homologados que se podrían haber cobrado con facturas falsas. La Fiscalía detecta indicios de malversación y cohecho. Según José Carrillo, existía una enorme demanda de salas para impartir esas clases que habrían reportado varios millones de euros a sus organizadores.
"Culpa de los trabajadores"
Según defendió Mérida en un primer momento, los cadáveres se acumularon porque el cremador cogió la baja y la sustitución requería de un proceso lento. El exdirector del departamento culpó a la gerencia y al rectorado. Incluso a los propios trabajadores, como detalló el abogado de la acusación: "Ha dicho que son los propios trabajadores los culpables al padecer lo que han padecido por no limpiar el suelo, la lumbalgia la han padecido porque les da la gana y por no pedir los medios necesarios. Son las condiciones higiénico laborales en las que han estado durante tanto tiempo como consecuencia de la exposición al formol".
Aunque no existe una legislación unificada en materia de Sanidad Mortuoria, sí había un protocolo de actuación e higiene que el módulo primero del mismo departamento cumplía.