La incertidumbre judicial en torno a Jorge Fernández Díaz se ha alargado tres meses y medio desde que la antigua Convergencia interpuso una querella criminal. Acusaba al exministro de Interior y a Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude catalana, a raíz de unas conversaciones grabadas que alguien filtró al diario Público. En ellas, se desprende la intención del Gobierno central de abrir causas penales contra políticos separatistas: "El presidente lo sabe", asegura JFD en las escuchas. Ni siquiera investigarán el caso. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella criminal porque no detecta indicios delictivos: ni violación de secretos, ni prevaricación, ni malversación de fondos públicos. No comparte los argumentos de Convergencia según los cuales se llevaron a cabo "todas las turbias maniobras" para manchar la imagen de los líderes separatistas.
Los magistrados reiteran en el auto que la doctrina es contraria a admitir querellas hechos cuya base probatoria aparece sólo en los medios de comunicación. En relación a las transcripciones de las escuchas, la Sala entiende que "dado el carácter subrepticio de su obtención no es posible determinar si han sido editadas, alteradas o manipuladas, tampoco se puede saber si la grabación corresponde al contenido íntegro de la entrevista o se ha suprimido algún apartado" por el interés de la persona que la difundió.
Respecto del delito de revelación de secretos, el Supremo expone que "los hechos relatados en la querella no manifiestan que se haya revelado información de la que el querellado dispusiera por razón de su cargo y que, como tal no deba ser conocida". De hecho, justifica "el intercambio de información" por "el deber general de cooperación institucional que a ambos organismos corresponde". Los magistrados destacan la diferencia entre la valoración, la opinión personal que puede merecer el contenido de esas escuchas, y el posible relieve penal de las mismas. Todo a pesar de que sean discutibles en el terreno de la crítica estrictamente política con algunas alusiones poco gratas para terceras personas.
Por último, la Sala recuerda que el archivo de la querella no va a impedir una nueva valoración si estos indicios fueran puestos en conocimiento del Tribunal Supremo como consecuencia de las diligencias practicadas en el proceso penal incoado a raíz de la querella presentada por Xavier Trías contra Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro por los delitos de revelación de secretos y calumnias. Precisamente el segundo, Urreiztieta, publicó este miércoles una información según la cual la familia Pujol poseería un informe de las actividades nocturnas de Fernández Díaz elaborado por investigadores norteamericanos a quienes el clan contrató. Un documento con el que evitar que arremetan contra el expresidente catalán y sus hijos, investigados por fabricar una fortuna a través de una organización planificada al milímetro.
El mensaje hacia el Gobierno es que "no se van a quedar quietos si van a por ellos".
Contenido de las grabaciones
Jorge Fernández Díaz se reunió en 2014, antes de la celebración de la consulta separatista del 9N, con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, con la intención de desacreditar a dirigentes de ERC y CDC. Lo hizo con el visto bueno de Mariano Rajoy: "El presidente lo sabe".
Más de dos años después y a cuatro días de las elecciones del 26 de junio, una persona que nadie ha identificado filtró estas grabaciones provocando un auténtico seísmo en la campaña electoral. En una reunión celebrada el 2 de octubre, el director de Antifraude dijo al ministro que están "investigando cosas de ERC", aunque "son muy débiles", e indica que tienen "cuatro adjudicaciones al hermano de Oriol Junqueras" y que está intentando "convencer al Grupo Planeta para que haga una investigación que no sea sospechosa" sobre un posible "enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà del padre de Oriol Junqueras con un tema de terrenos y demás".
Poco después, Fernández Díaz pregunta por Felip Puig, de CDC. Responde de Alfonso: "Las dos cuñadas que eran categoría D, actualmente pasaron a ser C pero eran D en el momento, trabajaban en un departamento de la Generalitat y por un decreto firmado por Francesc Homs se las colocó como eventuales e interinas para hacer sustituciones de baja por maternidad y demás en nivel A-27 (...). Y eso lo tengo ya cerrado, por eso he traído el maletín, para mostrártelo (...) Y hay dos firmas de Francesc Homs, una carta donde dice que las nombren o se le nombre en concreto a una de ellas en dos ocasiones (...). Se las nombra porque sí a un A-27 sin esperar a que salga el concurso resuelto y además se hace por dos ocasiones". "Afinando podríamos decir que la firma del primer decreto por parte de Francesc Homs podría ser un acto prevaricador", añade.
Dos semanas después, Daniel de Alfonso y Jorge Fernández Díaz se volvieron a reunir. Entonces el ministro le dijo que "el presidente del Gobierno lo sabe" –el plan- y que está de acuerdo con las gestiones. "Yo se lo dije a él, es un hombre discreto donde los haya (...) Le conozco muy bien, de muchos años", agregó.