Las comisiones y María Antonia Munar: se enfrenta a otros 6 años de cárcel

Dos décadas en la primera línea de la política mallorquina sembraron de luces y sombras la vida pública de la barcelonesa Maria Antònia Munar. Presidió el partido Unió Mallorquina UM entre 1991 y 2007 y el Parlamento de las Islas Baleares entre 2007 y 2010. Después de dos condenas por fraude y otros delitos de corrupción, la lideresa se enfrenta seis años de cárcel y multas por valor de 3,7 millones de euros en el marco del caso Son Oms. Recibe el nombre de un polígono industrial de Palma cuya recalificación habría desviado más de 400.000 euros en comisiones a los bolsillos la principal acusada, que hasta ahora ha negado los hechos.

El Ministerio Público le atribuye delitos de blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias. Según expone su informe de acusación, Munar y cargos políticos de su confianza acordaron el reparte de los beneficios obtenidos por la recalificación, desplegando un sistema para lavar las ganancias. "Utilizaron sus influencias" y a cambio exigieron un 15% por ciento de la venta de los inmuebles en el polígono, tal y como sostiene la investigación. Añade que la exdirigente mallorquina recibió su parte en efectivo, 400.000 euros metidos en una bolsa.

En la cárcel desde 2013

Son Oms siempre persiguió a Munar, aunque como su única preocupación en el ámbito judicial. De hecho, la exlíder de UM permanece en prisión desde el 24 de julio de 2013 por dos casos de corrupción donde acumula once años y medio de cárcel. La Audiencia Provincial de Baleares condenó el pasado octubre a otros tres años y al pago de seis millones de euros a la expolítica por haber cobrado dos millones a cambio de amañar la adjudicación de los terrenos de Can Domenge a favor de la empresa Sacresa.

También alcanzó en febrero un pacto con la Fiscalía por reconocer que, con otros miembros de la cúpula de UM, desvió 200.000 euros públicos a la contratación de una treintena de trabajadores que en realidad se dedicaban a buscar votos a favor del partido. El Tribunal Supremo confirmó antes, en 2013, una condena por subvenciones ilícitas a empresas audiovisuales.