El 'procés', en el alero: la CUP amenaza con reventar la legislatura

La detención por parte de los Mossos d'Esquadra de cinco "activistas" de la CUP para que prestaran declaración ante la Audiencia Nacional por la quema de banderas de España y retratos del Rey amenaza con acabar con la actual fase de proceso separatista por la vía rápida. El Gobierno de la Generalidad, sostenido por Convergència, ahora PDEcat, y ERC, depende del visto bueno de la formación antisistema para sacar adelante los números autonómicos.

Un primer veto, el pasado julio, provocó que Puigdemont se sometiera a una moción de confianza en la que advirtió de que, sin presupuestos, no habría "hoja de ruta" ni referéndum el próximo septiembre, sino una anticipación de las elecciones autonómicas. La próxima semana se someterán a debate parlamentario con la amenaza de la CUP sobre la mesa: o cesa el consejero de Interior, el convergente Jordi Jané, o no hay cuentas.

La diputada Mireia Vehí, una de las que el lunes rompió un retrato del Rey en el parlamento catalán, ha desvelado este martes que los Mossos hicieron un informe sobre los incidentes posteriores a la Diada que remitieron a la Audiencia Nacional sin petición. "Han actuado de oficio", concluye la parlamentaria.

La presión de la CUP mantiene a Puigdemont entre la espada y la pared. Por un lado, ha mostrado su apoyo al consejero. Por otro, también se manifiesta a favor de despenalizar la quema de banderas y retratos. Vehí ha llegado a calificar estas actividades de "simpáticas" y "tradicionales".

Declaración de Forcadell

El ejecutivo catalán, los convergentes y republicanos tendrán ocasión de mostrar su ardor separatista y carácter insumiso el próximo viernes. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está citada a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la declaración secesionista de la cámara regional. La portavoz del gobierno autonómico, Neus Munté, ha anunciado que recibirá el apoyo del president, los consejeros y los diputados de Junts pel Sí, aunque no ha especificado si las muestras de solidaridad se llevaran a cabo ante las puertas del tribunal, como en el caso de Mas, o en el parlamento.

En este contexto, la "operación diálogo" que encabeza la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ve alterada por la confrontación interna en el bloque separatista, las exigencias de la CUP y su estrategia de desobediencia frente a la "moderada" desconexión que propugnan ERC y el PDEcat. Puigdemont y Oriol Junqueras, líder de los republicanos, vicepresidente de la Generalidad y responsable de los presupuestos no pueden mostrar el más leve signo de distensión por la oferta gubernativa.

La retórica separatista insiste en negar cualquier tipo de negociación mientras el PP persista en lo que denominan "judicialización" de la política. El nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha sido presentado como "el pacificador". En principio, la querulancia estaba descartada en la nueva fase de relaciones entre el Gobierno y el Govern. A diferencia de su antecesora, Llanos de Luna, con ocasión del Doce de Octubre, Millo no denunció a los concejales y alcaldes que abrieron los ayuntamientos el pasado Día de la Constitución.

Denuncia de Millo en Fiscalía

Sin embargo, no ha dudado un segundo en poner en conocimiento de la Fiscalía que los diputados de la CUP habían convocado una rueda de prensa en el parlamento autonómico en la que varios diputados rompieron fotografías del Rey. En su opinión, tal comportamiento "está fuera de la democracia". La portavoz del gobierno autonómico, Neus Munté, ha aprovechado las declaraciones de Millo para recordar que el ahora delegado de Gobierno rompió en 2015, en calidad de diputado y ante las cámaras un documento de la Generalidad sobre los supuestos agravios del Estado a Cataluña.

Así pues, la "operación diálogo" encuentra ciertos escollos al tiempo que en el frente separatista la CUP amenaza con romper la legislatura y Puigdemont compite con Anna Gabriel, la dirigente antisistema, en radicalismo.