Las acusaciones suavizan sus peticiones de penas por las tarjetas black

Aunque mantienen un discurso duro contra los 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que se sientan en el banquillo, la acusación del juicio por las "tarjetas back" ha rebajado sustancialmente las peticiones de penas en la fase de conclusiones finales. Han transcurrido dos meses y medio de vista oral, donde los antiguos miembros de ambas entidades han aportado todo tipo de documentación para tumbar los indicios de administración desleal y apropiación indebida. Algunos con mayor atino, sobre todo los procesados que no formaban parte del Consejo de Administración, y otros con un horizonte procesal más comprometido. Es el caso de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes la Fiscalía sigue reclamando seis años y cuatro años y medio de cárcel.

El Ministerio Público ha aliviado su solicitud de condenas para cuatro acusados porque se les habían adjudicado operaciones con sus tarjetas que no habían ejecutado y para otros 18 que han reembolsado el dinero gastado con sus black. Y a pesar de ello, el fiscal Alejandro Luzón calificó de "absurdos" e "insostenibles" los argumentos esgrimidos por las defensas –y apoyados en periciales profesionales y la declaración de testigos– durante el juicio. Con frases como "era una acción más próxima al pillaje o la rapiña" o "la emisión de estas tarjetas tiene que ver con una actitud primitiva y depredadora", dejó clara su posición.

Salvados por Bankia

La segunda sesión de conclusiones finales ha tenido como protagonistas al FROB, Bankia y la Confederación Intersindical de Crédito. Los tres se han sumergido en el debate de fondo de esta vista oral: ¿Las tarjetas se emitieron como complemento salarial o para los cubrir gastos de representación? En el primer caso, no existiría delito de apropiación indebida en los consejeros no ejecutivos, puesto que los gastos afrontados con el sueldo no están sujetos a justificación, y la acusación se limitaría a la administración desleal de quienes aprobaron el uso de las tarjetas como retribución fuera del margen fijado por la legislación.

El FROB y Bankia han esquivado la ingente documentación facilitada por las defensas que siembra la duda a su favor. Entienden que, tal y como marcaban los estatutos de Caja Madrid y Bankia, las tarjetas solo se explicarían como métodos de pago de los gastos de representación, puesto que de lo contrario serían ilegales. También han arremetido contra la opacidad de las cuentas de las entidades bancarias y el "desatino" de quienes impulsaron este sistema de pago. Llama la atención que, las dos acusaciones, tanto el FROB como Bankia, han reclamado su derecho preferente a cobrar una indemnización por el dinero que gastaron los acusados con sus plásticos.

Bankia, como acusación, ha presentado este miércoles a sus "protegidos" en el juicio. Ha reducido prácticamente a cero sus pretensiones contra el exconsejero Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y uno de los directivos clave de su grupo constructor; el empresario Arturo Fernández y los acusados que llegaron a Caja Madrid a propuesta de los sindicatos –entienden que estos últimos gastaron el dinero a favor de sus colectivos y no para beneficio propio–.