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La exmujer de Correa, como la infanta: “Firmé lo que me ponía sin mirar”

Carmen Rodríguez Quijano entró en el Ayuntamiento de Majadahonda como concejal y asesora del alcalde Guillermo Ortega después de casarse.

Carmen Rodríguez Quijano entró en el Ayuntamiento de Majadahonda como concejal y asesora del alcalde Guillermo Ortega después de casarse.
Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Correa | EFE

Es la tónica habitual en los procedimientos judiciales en España. El juicio por la Época Primera del caso Gürtel (1999-2005) ha visto otra vez cómo la primera dama, la esposa -o en este caso exmujer- del principal acusado, se parapeta a la sombra del supuesto cabecilla y del desconocimiento. Con el "no lo sé", el "no lo recuerdo" y el "no lo conozco por bandera, Carmen Rodríguez Quijano se ha defendido de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para ella 35 años y 7 meses de cárcel. Según el Ministerio Público, participó en el amaño de contratos a favor de su exmarido, Francisco Correa: trabajó como administradora de las empresas de la trama y también como concejal de Majadahonda y asesora del alcalde Guillermo Ortega, que se habría embolsado miles de euros a cambio de estas concesiones a dedo.

Rodríguez Quijano ha hablado de "confianza" en su marido. Tanta que, según ha sostenido, administró empresas de la trama Gürtel que se hicieron con contratos públicos porque se lo pidió Correa; y firmó documentos sin mirar. Aunque "ni entendía, ni entiendo, ni creo que entenderé", ha explicado la acusada en lo relativo a la gestión de sociedades. La confianza se quebró, al parecer por las continuas infidelidades del supuesto cabecilla. Mantuvieron con vida el matrimonio hasta que ella presentó la demanda de divorcio en abril de 2014, cinco años después de la detención de Don Vito.

La relación actual entre ambos es extraña: Quijano, que atraviesa una mala situación económica, le reclama una pensión de 4.500 euros. Correa la protegió en su intervención, pero este miércoles no ha parado de moverse y negar con la cabeza: "Deje de hacer todo tipo de movimientos extraños, ella está declarando en los términos que está declarando, no es cuestión de que hagamos actos de aprobación o desaprobación a lo que dice. Las cosas son como son y hay que aceptarlas como vienen", le ha reprendido el Tribunal.

Desmemoriada

La acusada ha olvidado su desempeño en el Ayuntamiento de Majadahonda. No recuerda con quién contrató la organización de eventos en el municipio, no sabía que su exmarido pagaba comisiones a políticos, ni siquiera se acordaba de la declaración que prestó Correa en el arranque de la vista oral ni de cómo lo conoció. Solo ha hecho memoria en contra de los argumentos de la Fiscalía. Asegura que nunca intercedió para conceder contratos a la Gürtel ni obtuvo comisiones: "Nunca he recibido yo dinero de nadie".

En este capítulo de las dádivas, tampoco ha rememorado el modo en que se pagaron más de 23.000 euros por unos relojes para Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y persona a la que asesoraba. Se contabilizaron en la cuenta "Extracto Servicios Willy" -a Ortega lo apodaban Willy el Rata-, y la Fiscalía insiste en que se sufragaron con fondos públicos. Al parecer, el exregidor simuló un contrato con Special Events, una de las empresas de Gürtel, para la confección de un vídeo denominado "creciendo en calidad de vida". Así aparentó legalidad en la partida destinada realmente a los relojes.

Rodríguez Quijano ha detallado la "buena relación" que su marido mantenía con el exalcalde de Majadahonda. También que compartía "muchas cosas conjuntas" con el exregidor de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Aunque, en base al mismo testimonio, no poseía trato alguno ni con su mujer la exministra de Sanidad, Ana Mato, ni con el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ni con la esposa de este último, Rosalía Iglesias. Y después de cuatro horas de declaración, el Tribunal ha levantado la sesión. La primera dama de Gürtel regresa este jueves ante el micrófono. Tras ella, continuará el apartado Majadahonda con Jacobo Ortega, hermano de Willy Ortega, que se juega 5 años de prisión por blanqueo de capitales.

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